Juan Facundo Besson

Las almenas del Mar Austral: La defensa española de Tierra del Fuego y la Isla de los Estados frente al expansionismo británico (1788-1795).

Durante el último cuarto del siglo XVIII, la Isla Grande de Tierra del Fuego y la Isla de los Estados dejaron de ser los confines olvidados de la geografía imperial para convertirse en piezas fundamentales de la arquitectura estratégica del Atlántico Sur. Frente al avance británico sobre los espacios australes, la Monarquía Hispánica desplegó un complejo dispositivo de vigilancia, exploración, inteligencia marítima y afirmación jurisdiccional destinado a preservar el control de los pasos interoceánicos y de las rutas que comunicaban los océanos Atlántico y Pacífico. A partir del examen de documentación inédita del Archivo General de Indias, correspondencia oficial, diarios de navegación y fuentes historiográficas especializadas, este trabajo reconstruye las políticas defensivas españolas entre 1788 y 1795, reevalúa el episodio de la denominada «Nueva Irlanda» y demuestra que la defensa de la Isla de los Estados formó parte de una estrategia geopolítica de largo alcance cuya proyección histórica resulta indispensable para comprender la continuidad de los derechos argentinos sobre el Atlántico Sur.

I.Introducción

Hay territorios cuya importancia histórica no se mide por la magnitud de su población ni por la benignidad de su geografía, sino por la persistencia con que las grandes potencias procuraron dominarlos. La Isla Grande de Tierra del Fuego y la Isla de los Estados integran ese conjunto de espacios australes cuya aparente marginalidad encubre una posición geopolítica de primer orden. La primera constituye el núcleo territorial del archipiélago fueguino y el extremo meridional del continente americano, mientras que la segunda se ubica inmediatamente al este, separada de aquella por el estrecho de Le Maire, conformando su prolongación insular hacia el Atlántico Sur. Con aproximadamente 65 km de longitud, una superficie cercana a los 500 km², más de 300 km de costas y una altitud máxima de 823 m s. n. m. en el monte Bove, la Isla de los Estados presenta un relieve montañoso, un clima oceánico subantártico, elevada pluviosidad y fuertes vientos que históricamente dificultaron el establecimiento permanente de población (Hlopec & Loekemeyer, 2009, pp. 4-7). Sin embargo, esa configuración física no puede comprenderse de manera aislada, sino como parte del sistema geográfico fueguino, cuya articulación entre la Isla Grande, los canales australes y las islas periféricas conformó desde la temprana expansión europea un espacio estratégico para el control de la navegación interoceánica.

Lejos de disminuir su importancia, esas mismas condiciones naturales potenciaron la relevancia estratégica tanto de la Isla Grande de Tierra del Fuego como de la Isla de los Estados. Mientras la primera dominaba el acceso al estrecho de Magallanes, al canal Beagle y al conjunto de los canales fueguinos, la segunda controlaba la entrada oriental al estrecho de Le Maire y constituía un punto privilegiado para observar, proteger o disputar las comunicaciones entre el Atlántico y el Pacífico en una época en que el dominio de los pasos australes era un objetivo central de las políticas imperiales. Su valor no residía únicamente en sus recursos naturales inmediatos, sino en su aptitud para servir como enclave de vigilancia, referencia náutica, apoyo logístico y proyección efectiva de soberanía sobre el Atlántico Sur. Quien cartografiara sus costas, reconociera sus fondeaderos, estableciera puestos de observación o impidiera el asentamiento de una potencia rival ejercía, en los hechos, influencia sobre uno de los principales corredores marítimos del hemisferio austral y sobre el conjunto del sistema geoestratégico fueguino.

La historiografía argentina ha tendido a abordar el Atlántico Sur desde el episodio de la ocupación británica de las Islas Malvinas en 1833, como si el conflicto por la soberanía comenzara allí y todo lo anterior constituyera apenas un antecedente remoto. Si bien esa periodización posee una evidente eficacia política y jurídica para la reivindicación contemporánea, resulta insuficiente desde una perspectiva histórica. Mucho antes de la usurpación de Puerto Soledad existía una prolongada disputa por el dominio de los espacios australes, en la que Malvinas, la Isla Grande de Tierra del Fuego, la Isla de los Estados, el estrecho de Magallanes, el canal Beagle, Chiloé, el cabo de Hornos y los restantes pasos interoceánicos conformaban un único teatro estratégico. La Monarquía Hispánica no procuraba asegurar enclaves aislados, sino preservar un sistema integrado de defensa, navegación y jurisdicción que garantizara el control de los accesos al Pacífico y la integridad de sus dominios americanos. En ese contexto, la Isla de los Estados deja de ser un territorio periférico o un simple accidente geográfico para adquirir pleno sentido como una pieza esencial de esa arquitectura geopolítica, donde la geografía se traducía en jurisdicción, la cartografía en un instrumento de soberanía y la ocupación efectiva en fundamento del derecho territorial.

Esta lectura encuentra sustento en los estudios geopolíticos contemporáneos, que conciben el Atlántico Sur como un espacio estratégico integrado y no como una suma de territorios inconexos. En esa línea, Rizoli y Luirette Woods (2021) sostienen que la presencia británica en la región “responde a sus intereses geopolíticos en las regiones australes” y que los archipiélagos del Atlántico Suroccidental poseen un valor estratégico por la “proyección que ofrecen […] para las futuras pretensiones de ejercicio de soberanía en el continente antártico” (p. 1). Aunque referida al escenario contemporáneo, esta interpretación permite comprender retrospectivamente la racionalidad de las políticas desplegadas por la Corona española durante el siglo XVIII. La defensa de la Isla de los Estados, de la Isla Grande de Tierra del Fuego, del estrecho de Magallanes y de los restantes pasos australes no respondía a intereses locales o aislados, sino a una concepción sistémica del espacio marítimo meridional, según la cual el control o la pérdida de cualquiera de esos enclaves incidía directamente sobre la seguridad del conjunto de las rutas oceánicas, la proyección jurisdiccional de la Corona y la preservación de la integridad territorial de sus dominios australes.

Esa continuidad geopolítica entre pasado y presente obliga a reconsiderar el estatuto historiográfico de la Isla de los Estados. Los documentos oficiales sobre su patrimonio natural y cultural recuerdan que la isla, denominada Chuanisin —”tierra de la abundancia”— por los pueblos indígenas, posee “una alta relevancia relacionada con la historia de la Argentina, los descubrimientos y las aventuras antárticas, y el desarrollo de la navegación y poblamiento de esta porción del Atlántico Sur” (Hlopec & Loekemeyer, 2009, p. 2). Sin embargo, el extremo austral distaba de ser un espacio vacío o una terra nullius. Mucho antes de la llegada de los europeos, la región estaba habitada por comunidades que habían desarrollado una extraordinaria adaptación a uno de los ambientes más rigurosos del planeta. Los Haush o Manek’enk ocupaban el sector oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego, desde cabo San Pablo hasta bahía Aguirre y las inmediaciones del estrecho de Le Maire; los Selk’nam (Ona) dominaban las planicies interiores mediante una economía basada en la caza del guanaco; mientras que los Yámana (Yaghan)[1] recorrían en sus canoas los canales fueguinos, el canal Beagle y los archipiélagos australes, manteniendo una intensa movilidad marítima que alcanzaba las costas próximas a la Isla de los Estados (Chapman, 1982; Canals Frau, 1986; Vairo, 1997). La ocupación indígena de estos espacios revela que la geografía austral constituía un territorio conocido, recorrido y socialmente organizado mucho antes de incorporarse a la cartografía europea.

La defensa española del extremo austral americano no fue el resultado de respuestas aisladas frente a amenazas circunstanciales, sino la expresión de una política de Estado construida durante más de dos siglos. Desde la segunda mitad del siglo XVI, la Monarquía Hispánica comprendió que la conservación de sus dominios americanos dependía, en gran medida, del control de los pasos interoceánicos que comunicaban el Atlántico con el Pacífico. La irrupción del corsario inglés Francis Drake en el océano Pacífico en 1578, luego de atravesar el estrecho de Magallanes, puso de manifiesto que aquella vía marítima podía ser utilizada por potencias rivales para proyectar operaciones militares y comerciales sobre el corazón del sistema imperial español. A partir de entonces, el conocimiento geográfico dejó de constituir un problema exclusivamente náutico para convertirse en una cuestión de seguridad, defensa y soberanía.

En ese contexto debe situarse la expedición confiada por el virrey Francisco de Toledo[2]  a Pedro Sarmiento de Gamboa[3] entre 1579 y 1580. Su misión excedía ampliamente el reconocimiento hidrográfico del estrecho de Magallanes. Debía explorar sistemáticamente el paso, registrar sus condiciones de navegación, identificar puertos, fondeaderos y lugares aptos para establecer poblaciones permanentes, levantar cartografía precisa y determinar los medios necesarios para impedir que enemigos de la Corona utilizaran aquella vía de comunicación entre ambos océanos. Las instrucciones impartidas por Toledo reflejan con absoluta claridad esa finalidad al ordenar descubrir “el modo que se tendrá en cerrar aquel paso para guardar estos Reynos ántes que los enemigos lo tomen”, advirtiendo que de ello dependían “los Reinos, haciendas, cuerpos y ánimas de los habitadores dellos” (Sarmiento de Gamboa, 1950, t. I, pp. 1-6). La exploración era, por tanto, inseparable de la defensa del Imperio.

La actuación de Sarmiento de Gamboa inauguró una nueva forma de concebir el espacio austral. Cosmógrafo, militar, cronista e historiador, integró en una misma empresa la observación científica, la representación cartográfica y el ejercicio de la autoridad política. Como sostiene Benites (2006), las relaciones de viaje de la temprana modernidad constituyen instrumentos de producción y organización del conocimiento imperial, en los que convergen la observación directa, el registro escrito, la descripción del espacio y la recolección sistemática de información geográfica y etnográfica (pp. 179-182). No resulta casual que las instrucciones del virrey ordenaran describir corrientes, sondajes, costas, recursos naturales y poblaciones indígenas, ni que dispusieran que cada desembarco concluyera con la correspondiente toma de posesión en nombre de Felipe II mediante actas públicas, cruces y mojones. Cartografiar, nombrar y tomar posesión constituían actos jurídicos y políticos destinados a afirmar la soberanía de la Corona sobre territorios cuya ocupación efectiva todavía era precaria (Sarmiento de Gamboa, 1950, t. I, pp. 6-15).

La fundación de Nombre de Jesús, el 11 de febrero de 1584, y de Ciudad del Rey Don Felipe, el 25 de marzo del mismo año, representó la consecuencia natural de esa estrategia. Para la Monarquía Hispánica, el dominio del estrecho no podía descansar únicamente en el conocimiento hidrográfico, sino que requería una presencia permanente capaz de controlar el tránsito marítimo y desalentar la instalación de potencias rivales. Aunque las condiciones ambientales extremas, el aislamiento y la imposibilidad de sostener una línea regular de abastecimiento condujeron al fracaso de ambas poblaciones, la experiencia confirmó el extraordinario valor estratégico del extremo austral y consolidó la convicción de que su defensa exigía una vigilancia continua sobre todos los accesos al Pacífico (Andrade, 1955). Lejos de abandonar aquella política, la Corona perfeccionó progresivamente sus mecanismos de reconocimiento y observación.

Ese proceso adquirió una nueva dimensión a partir de 1616, cuando Willem Schouten y Jacob Le Maire[4] descubrieron un paso alternativo al estrecho de Magallanes y recorrieron por primera vez el estrecho que posteriormente llevaría el nombre de Le Maire. Durante la navegación que culminó con el descubrimiento del estrecho que hoy lleva el nombre de Le Maire, Jacob Le Maire y Willem Cornelisz Schouten reconocieron la isla situada al oriente de Tierra del Fuego y la denominaron Statenlant, dejando constancia en su diario de que le imponían ese nombre «en honra de nuestros Estados», en referencia a los Estados Generales de las Provincias Unidas de los Países Bajos, de donde deriva la actual denominación de Isla de los Estados (Le Maire & Schouten, 1897, p. 18).  La expresión sintetiza una práctica característica de la expansión europea: la nominación geográfica constituía una forma de apropiación simbólica mediante la cual el descubrimiento se proyectaba inmediatamente sobre el plano político. Desde entonces, la producción de conocimiento hidrográfico, la elaboración cartográfica y la designación de accidentes geográficos se transformaron en instrumentos esenciales de legitimación territorial. La historia de la exploración austral no puede comprenderse separadamente de la historia de la soberanía, pues el mapa precedía, justificaba y acompañaba la ocupación efectiva.

La respuesta de la Monarquía Hispánica fue inmediata. Apenas dos años después, Felipe III organizó la expedición de Bartolomé y Gonzalo García de Nodal[5] (1618-1619), concebida para verificar los descubrimientos neerlandeses, levantar una cartografía propia y reafirmar la jurisdicción española sobre el extremo meridional americano. Bajo la dirección científica de Diego Ramírez de Arellano, piloto mayor y cosmógrafo de la Casa de Contratación, la expedición recorrió íntegramente el estrecho de Le Maire, corrigió las posiciones astronómicas determinadas por Schouten, cartografió con notable precisión el cabo de Hornos, descubrió el archipiélago de Diego Ramírez, circunnavegó Tierra del Fuego y estableció contacto pacífico con los habitantes indígenas de bahía Buen Suceso. La Relación del viaje publicada en Madrid en 1621 no sólo incorporó ese conocimiento al patrimonio científico de la Monarquía Hispánica, sino que reafirmó jurídicamente la presencia española sobre aquellos espacios y neutralizó el monopolio informativo que los Países Bajos pretendían ejercer sobre las nuevas rutas australes.

La continuidad entre las empresas de Pedro Sarmiento de Gamboa y de los hermanos García de Nodal demuestra que la política española respecto del extremo austral respondió a una concepción geopolítica coherente y de larga duración. La exploración, la cartografía, la ocupación efectiva y la vigilancia marítima integraban un único sistema destinado a preservar el control de los accesos oceánicos del continente americano. Esa misma lógica reaparecería con renovada intensidad durante el siglo XVIII, cuando la instalación británica en Puerto Egmont, el crecimiento de las actividades balleneras y loberas y la circulación de embarcaciones extranjeras obligaron a reorganizar el dispositivo defensivo austral. En ese marco, la Isla de los Estados dejó de constituir un espacio marginal para integrarse a un sistema estratégico articulado con las Islas Malvinas y con Puerto Soledad, concebido para controlar los accesos al Atlántico Sur y asegurar la continuidad de la soberanía española sobre el conjunto del espacio austral. Desde esa perspectiva, la defensa de la Isla de los Estados sólo puede comprenderse como parte de una política imperial iniciada en el siglo XVI, consolidada durante el siglo XVII y perfeccionada bajo el reformismo borbónico.

I. La construcción del dispositivo defensivo español en el extremo austral

La historia del extremo austral americano ha sido frecuentemente narrada desde la lógica del descubrimiento, de las expediciones marítimas o de las rivalidades imperiales aisladas. Sin embargo, esa perspectiva resulta insuficiente para explicar la intensidad con la que la Monarquía Hispánica destinó recursos materiales, inteligencia política y organización administrativa a una región que, desde una mirada estrictamente económica, parecía ofrecer escasos incentivos inmediatos. El error consiste en observar Tierra del Fuego, la Isla de los Estados, el estrecho de Magallanes o las Islas Malvinas como espacios periféricos cuando, en realidad, constituían los vértices de un mismo sistema geopolítico. Allí donde la geografía ofrecía únicamente costas inhóspitas, canales tormentosos y tierras escasamente habitadas, la razón de Estado identificaba los accesos al único corredor bioceánico que durante siglos comunicó el Atlántico con el Pacífico. No se defendían islas; se defendía el acceso al imperio.

La transformación de esa percepción estratégica no puede comprenderse sin situarla en el profundo cambio experimentado por el sistema internacional tras la Guerra de los Siete Años (1756-1763). Aquel conflicto alteró radicalmente el equilibrio colonial europeo. Gran Bretaña emergió convertida en la principal potencia marítima del mundo, mientras Francia perdía gran parte de su imperio ultramarino y España advertía que la defensa tradicional de sus dominios americanos había dejado de ser suficiente. La Paz de París de 1763 puso término a la guerra, pero inauguró una competencia global por el dominio de las comunicaciones oceánicas. Como advirtió posteriormente el historiador naval Alfred Thayer Mahan (1890), el poder marítimo no depende exclusivamente de la posesión de una gran flota, sino del control de los puntos estratégicos capaces de asegurar las rutas comerciales y militares. Aunque Mahan escribiera un siglo después, su formulación permite comprender retrospectivamente la lógica seguida por la administración borbónica: el Atlántico Sur debía convertirse en un espacio vigilado porque su pérdida comprometía la integridad del conjunto del sistema imperial.

Las reformas emprendidas por Carlos III respondieron precisamente a esa nueva realidad. El reformismo borbónico[6] no fue únicamente un programa de racionalización administrativa o de incremento de los ingresos fiscales; constituyó, sobre todo, una reorganización geopolítica del imperio. La creación de nuevos virreinatos, la profesionalización de las fuerzas navales, la reorganización de las intendencias, el fortalecimiento de los arsenales americanos y la intensificación de las expediciones científicas respondían a una misma preocupación: impedir que las potencias rivales aprovecharan los inmensos espacios vacíos del continente americano para establecer enclaves permanentes que alteraran el equilibrio estratégico. La frontera dejó de concebirse exclusivamente como una línea terrestre para proyectarse hacia el mar. El Atlántico Sur adquirió entonces un significado completamente distinto al que había tenido durante los siglos XVI y XVII. Ya no bastaba con impedir incursiones corsarias; era necesario evitar que Gran Bretaña transformara las costas australes en bases navales capaces de controlar las comunicaciones oceánicas.

La administración española comenzó a recibir señales inquietantes apenas concluida la guerra. En septiembre de 1765 llegó a Madrid un informe procedente de Londres según el cual el gobierno británico preparaba una expedición destinada a establecerse en alguna isla o costa del extremo austral americano. El documento, conservado en el Archivo General de Indias, no identificaba con precisión el objetivo de aquella empresa, pero advertía que podía dirigirse indistintamente hacia el Atlántico o hacia el Pacífico austral. La noticia adquiría especial gravedad porque provenía de un momento de paz formal entre ambas coronas. España comprendía que el expansionismo británico ya no necesitaba justificarse mediante la guerra abierta; podía avanzar mediante expediciones aparentemente científicas, empresas privadas, establecimientos pesqueros o colonias comerciales cuya consolidación posterior dificultaría cualquier intento de desalojo (AGI, Indiferente General, leg. 412).

Los informes continuaron multiplicándose durante los meses siguientes. En enero de 1766, las autoridades españolas recibieron nuevas noticias sobre los planes británicos en los mares australes, entre ellas la declaración de un francés apellidado Potier, quien afirmaba haber sido convocado para integrar una expedición inglesa secreta destinada a levantar planos y registrar las costas de la América meridional. A ello se sumaron otros avisos procedentes de Londres que daban cuenta del envío de fragatas británicas con instrucciones reservadas para establecerse en algún punto de las costas o islas australes. Aunque la Corona no disponía todavía de pruebas concluyentes acerca del lugar elegido, la reiteración y concordancia de estos informes fue considerada suficiente para justificar la adopción de medidas preventivas, intensificando la vigilancia sobre los puertos y espacios australes bajo jurisdicción española. Desde la lógica del derecho público de la Monarquía Hispánica, esta reacción no constituía únicamente una precaución militar, sino un auténtico acto de ejercicio jurisdiccional: la vigilancia, el reconocimiento y la prevención eran manifestaciones de soberanía sobre territorios que la Corona consideraba integrantes de sus dominios (Urbina Carrasco, 2017, pp. 553-556).

La importancia atribuida a estas noticias se explica por la experiencia acumulada durante los dos siglos anteriores. España había aprendido que las ocupaciones coloniales raramente comenzaban mediante grandes expediciones militares. Con frecuencia se iniciaban a través de pequeños establecimientos temporarios, estaciones balleneras, refugios para navegantes o simples levantamientos cartográficos que, con el paso del tiempo, terminaban convirtiéndose en argumentos para fundamentar pretensiones territoriales. La Corona conocía perfectamente el precedente holandés en el Cabo de Buena Esperanza, el crecimiento de las factorías inglesas en la India y el desarrollo de las colonias británicas en América del Norte. El problema no era únicamente impedir un desembarco; era evitar que un acto aparentemente menor terminara transformándose en un título político.

Por Real Orden de 4 de enero de 1767, Carlos III dispuso que el virrey del Perú extremara la vigilancia de los puertos y costas bajo su jurisdicción, prestando especial atención a Chiloé y a los territorios australes, ante las reiteradas noticias sobre posibles expediciones británicas. La instrucción respondía a la convicción de que la provincia de Chiloé constituía el principal punto de apoyo para el reconocimiento y defensa de los archipiélagos patagónicos y de los accesos al estrecho de Magallanes. Con esta decisión, la Corona inauguró una política sistemática de obtención de información sobre los espacios australes, impulsando exploraciones, reconocimientos hidrográficos y relevamientos costeros que transformaron el conocimiento geográfico en un instrumento esencial para el ejercicio de la soberanía (Urbina Carrasco, 2018, pp. 242–247).

La respuesta del gobernador de Chile[7], Antonio Guill y Gonzaga, revela hasta qué punto la administración colonial comprendía la naturaleza del problema. En noviembre de ese mismo año transmitió instrucciones reservadas al gobernador de Chiloé, Manuel de Castelblanco, ordenándole organizar una expedición cuyo verdadero objetivo debía permanecer oculto incluso para buena parte de sus participantes. Oficialmente, el viaje tendría por finalidad transportar indígenas hacia distintas misiones religiosas; en realidad, debía verificar la existencia de establecimientos británicos en la isla Madre de Dios y reconocer cualquier presencia extranjera en los canales australes. La misión fue confiada al alférez Pedro Mansilla y al cabo Mateo Mansilla, quienes navegaron acompañados por pilotos indígenas guaiguenes cuya experiencia resultaba indispensable para atravesar un laberinto de canales prácticamente desconocido para los europeos. El empleo deliberado de esa cobertura constituye un dato revelador: la Monarquía entendía que la competencia imperial también se desarrollaba en el terreno de la información y que la discreción era un componente esencial de la estrategia (AGI, Indiferente General, leg. 412).

Las expediciones realizadas entre diciembre de 1767 y mayo de 1769 no comprobaron la existencia de establecimientos británicos permanentes en los archipiélagos occidentales de la Patagonia, pero ampliaron considerablemente el conocimiento náutico disponible sobre la región. La expedición dirigida por Pedro Mansilla y Cosme Ugarte, en la que participaron trece indígenas identificados como «gente del sur» y prácticos de aquellas costas, recorrió el archipiélago de los Chonos, atravesó el istmo de Ofqui y avanzó hasta aproximadamente los 53° de latitud sur. La posterior expedición de Francisco Machado y José de Sotomayor reconoció islas, canales y fondeaderos hasta los 49° 30′, registrando información sobre puertos seguros, bajos, rocas, distancias y condiciones de navegación. Aunque las fuentes no permiten sostener sin mayor precisión que esos datos fueran incorporados inmediatamente a una cartografía oficial unificada, los diarios, instrucciones y relaciones producidos durante los viajes constituyeron instrumentos administrativos y náuticos mediante los cuales las autoridades españolas procuraron reducir el desconocimiento de los archipiélagos australes y fortalecer su capacidad de vigilancia y defensa sobre ellos (Urbina Carrasco, 2013, pp. 64–66; Urbina Carrasco, 2017, pp. 558–561).

Los reconocimientos efectuados desde Chiloé entre 1767 y 1769 no comprobaron la existencia de establecimientos británicos permanentes en los archipiélagos australes, pero modificaron de manera decisiva la percepción estratégica de la Monarquía Hispánica. Las expediciones dirigidas por Pedro Mansilla y, posteriormente, por Francisco Machado y José de Sotomayor demostraron que la inmensidad de las costas patagónicas, la complejidad de los canales y la escasa presencia permanente de autoridades convertían a los espacios australes en un ámbito particularmente vulnerable frente a incursiones extranjeras. Más allá de su resultado inmediato, estos viajes ampliaron el conocimiento hidrográfico de la región mediante el relevamiento de canales, fondeaderos y rutas de navegación, apoyándose en la experiencia de prácticos indígenas de Chiloé. La obtención sistemática de información geográfica pasó así a constituir un instrumento esencial de la política defensiva española, vinculando el ejercicio de la soberanía con el conocimiento efectivo del territorio (Urbina Carrasco, 2013, pp. 51–84; Urbina Carrasco, 2018, pp. 235–264).

Este cambio estratégico coincidió con una transformación del derecho de gentes europeo durante el siglo XVIII. Si bien la Monarquía Hispánica continuó fundamentando sus derechos en los títulos históricos derivados del descubrimiento, la ocupación y los tratados internacionales, la doctrina jurídica comenzó a exigir una presencia material cada vez más visible como presupuesto de la soberanía. Emer de Vattel sostuvo que una nación sólo podía apropiarse de un territorio cuando “realmente lo ha ocupado y se ha establecido en él” (Vattel, 1758/1822, Libro I, cap. XVIII, §207). Sin abandonar sus fundamentos tradicionales, la administración borbónica comprendió que la defensa de los espacios periféricos requería demostrar un ejercicio efectivo de jurisdicción mediante exploraciones, administración permanente y vigilancia continua, adecuando su práctica política a las nuevas exigencias del orden internacional (Vattel, 1758; Kuethe & Andrien, 2014).

La ocupación británica de Puerto Egmont en 1765 confirmó la validez de ese diagnóstico. España respondió consolidando su presencia en las Islas Malvinas mediante la incorporación del establecimiento francés de Port Louis, rebautizado como Puerto Soledad en 1767, y organizando una administración permanente dependiente de Buenos Aires. La expulsión de la guarnición británica por la expedición de Juan Ignacio de Madariaga en 1770 constituyó un acto de restablecimiento jurisdiccional antes que una conquista, mientras que la Declaración hispano-británica de 1771 permitió la restitución provisional de Puerto Egmont sin que España renunciara a sus derechos soberanos. La posterior evacuación británica de 1774 dejó únicamente una placa reivindicatoria, mientras la administración española continuó ejerciendo sin interrupciones funciones gubernativas, judiciales, militares y económicas desde Puerto Soledad hasta 1811, configurando uno de los títulos históricos más sólidos invocados posteriormente por las Provincias Unidas conforme al uti possidetis juris (Caillet-Bois, 1948; Goebel, 1927; Destéfani, 1982).

La creación del Virreinato del Río de la Plata mediante la Real Cédula de 1 de agosto de 1776 respondió a esa nueva realidad geopolítica. Además de contener el avance portugués y reorganizar el comercio atlántico, la reforma aproximó el centro de decisión política a un espacio donde convergían las principales amenazas marítimas del Imperio. Buenos Aires pasó a ejercer jurisdicción sobre las Islas Malvinas, la Patagonia atlántica y los espacios australes, articulando un sistema defensivo cuya lógica trascendía la protección de ciudades o fortalezas para extenderse al control de rutas oceánicas, puertos, archipiélagos y estrechos. En este contexto, Puerto Soledad se consolidó como un observatorio permanente desde el cual los gobernadores remitían información sobre embarcaciones extranjeras, actividades pesqueras y movimientos navales, integrando inteligencia marítima y administración territorial dentro de una misma estrategia imperial (Lynch, 1989; Kuethe & Andrien, 2014; Destéfani, 1982).

Fue precisamente en ese proceso cuando la Isla Grande de Tierra del Fuego y la Isla de los Estados adquirieron una significación estratégica inédita. La experiencia de Puerto Egmont convenció a las autoridades españolas de que una potencia rival podía proyectar su influencia mediante establecimientos temporales o estaciones de apoyo antes que por grandes ocupaciones militares. En consecuencia, la vigilancia dejó de concentrarse exclusivamente en las Islas Malvinas para extenderse a la totalidad del sistema austral integrado por la Patagonia, Tierra del Fuego, la Isla de los Estados, el estrecho de Le Maire, el estrecho de Magallanes y los archipiélagos occidentales del Pacífico. La documentación administrativa revela así una concepción regional del espacio marítimo en la que cada enclave adquiría sentido por su relación con el conjunto del dispositivo defensivo, anticipando una lógica geopolítica que la literatura contemporánea ha caracterizado como un sistema estratégico integrado del Atlántico Sudoccidental (Rizoli & Luirette Woods, 2021; Urbina Carrasco, 2018).

III. Tierra del Fuego, la Isla de los Estados y la defensa del Mar Austral

Hacia fines de la década de 1780, la política española en el extremo austral había experimentado una evolución significativa como resultado de más de dos décadas de exploraciones, reconocimientos hidrográficos, administración permanente de las Islas Malvinas y vigilancia de las rutas marítimas australes. La experiencia acumulada llevó a las autoridades virreinales a abandonar una visión fragmentaria del espacio para concebir el Atlántico Sur como un sistema integrado, en el que las Islas Malvinas, la Isla Grande de Tierra del Fuego, la Isla de los Estados, el estrecho de Magallanes, el estrecho de Le Maire, el cabo de Hornos y los archipiélagos occidentales del Pacífico constituían elementos interdependientes para la defensa de los dominios de la Corona. Esta evolución respondió tanto al incremento de la actividad británica y de otras potencias marítimas como a la progresiva comprensión de que la conservación de la soberanía exigía un conocimiento permanente del territorio, de las rutas de navegación y de los movimientos de embarcaciones extranjeras. En consecuencia, la recopilación sistemática de información geográfica y náutica pasó a ocupar un lugar central dentro de la administración imperial, complementando la ocupación efectiva y el ejercicio ordinario de la jurisdicción como instrumentos para preservar el control del espacio austral.

La documentación producida por los gobernadores españoles de Puerto Soledad, conservada en el Archivo General de Indias y parcialmente publicada y analizada por la historiografía especializada, permite reconstruir con notable precisión el funcionamiento del sistema de vigilancia organizado por la Monarquía Hispánica en el Atlántico Sur. La correspondencia intercambiada entre los gobernadores de Malvinas, el virrey del Río de la Plata y la Secretaría de Marina revela que las funciones de aquellas autoridades excedían ampliamente la administración local. Debían informar periódicamente sobre el movimiento de embarcaciones nacionales y extranjeras, recibir e interrogar a capitanes y pilotos que recalaban en Puerto Soledad, registrar las actividades de balleneros y loberos, comunicar cualquier noticia relativa a posibles establecimientos extranjeros y mantener informado al gobierno virreinal acerca de toda circunstancia que pudiera comprometer la seguridad de los dominios españoles (Caillet-Bois, 1948; Fitte, 1974; Barriera, 2021). En términos contemporáneos, Puerto Soledad funcionó como un verdadero centro de inteligencia marítima, encargado de producir información estratégica sobre el conjunto del espacio austral. Desde la perspectiva del derecho de gentes del siglo XVIII, tales actuaciones constituían manifestaciones concretas del ejercicio de la jurisdicción estatal. La vigilancia permanente, la investigación de incursiones extranjeras, la regulación de la navegación y la comunicación constante con las autoridades superiores exteriorizaban la voluntad de la Corona de conservar y proteger un territorio que consideraba integrado a su dominio, satisfaciendo así uno de los elementos esenciales del ejercicio efectivo de la soberanía conforme a la práctica internacional de la época (Vattel, 1822, lib. I, cap. XVIII).

Fue precisamente en el marco de ese sistema de inteligencia donde comenzó a gestarse una invasión británica sobre la Isla de los Estados. Conviene, sin embargo, proceder con cautela metodológica. La documentación disponible no permite afirmar la existencia de un establecimiento británico consolidado con la misma certeza con que puede acreditarse la fundación de Puerto Egmont en 1765. Lo que existe es una sucesión extraordinariamente consistente de informes oficiales, declaraciones de navegantes y actuaciones administrativas que convencieron a las autoridades españolas de la existencia de una amenaza suficientemente verosímil como para movilizar recursos de reconocimiento, vigilancia y eventual desalojo. Desde la perspectiva historiográfica contemporánea, la fuerza probatoria del episodio no radica exclusivamente en demostrar la materialidad de la colonia, sino en reconstruir la conducta desplegada por el Estado español frente a la noticia de una posible intrusión extranjera. La reacción administrativa constituye, por sí misma, un acto de soberanía.

El documento decisivo fue remitido desde Puerto Soledad el 12 de noviembre de 1788 por el capitán de fragata Ramón de Clairac y Villalonga[8], gobernador español de las Islas Malvinas. El valor del informe de Clairac y Villalonga no deriva únicamente de la experiencia personal de su autor, sino de la posición institucional desde la cual fue producido. En su carácter de gobernador de las Islas Malvinas, actuaba como la máxima autoridad española en el Atlántico Sur, responsable de informar al virrey sobre toda novedad que pudiera afectar la seguridad de los dominios australes. Sus comunicaciones integraban el sistema ordinario de correspondencia entre Puerto Soledad, el Apostadero Naval de Montevideo y el gobierno del Virreinato del Río de la Plata, razón por la cual la noticia relativa al supuesto establecimiento de “Nueva Irlanda”[9] adquirió inmediatamente el carácter de información oficial y dio lugar a actuaciones administrativas dirigidas a verificar su veracidad y evaluar sus implicancias estratégicas.

El expediente remitido por Ramón de Clairac al virrey Nicolás Antonio de Arredondo y Pelegríno[10] el 12 de noviembre de 1788 ocupa un lugar singular dentro de la documentación relativa a la defensa del extremo austral. Su importancia fue puesta de relieve por Ernesto J. Fitte, quien, a partir del examen de la correspondencia conservada en el Archivo General de Indias, destacó que las noticias sobre el supuesto establecimiento británico denominado Nueva Irlanda no fueron tratadas como un rumor aislado, sino como una información que exigía inmediata verificación por parte de las autoridades coloniales (Fitte, 1974, pp. 239-245). En efecto, la documentación posterior demuestra que el gobierno del Virreinato del Río de la Plata no descartó aquellas informaciones por carecer de confirmación plena; por el contrario, ordenó reunir nuevos antecedentes mediante declaraciones de capitanes, informes de navegación y comunicaciones provenientes de Puerto Soledad, incorporándolos al procedimiento administrativo ordinario de la Corona (Archivo General de Indias, Buenos Aires, leg. 553; Maeso Buenasmañanas, 1999, pp. 394-399). Desde una perspectiva histórico-jurídica, el valor del episodio no reside exclusivamente en la posibilidad de acreditar la existencia material de un asentamiento británico, cuestión que continúa siendo objeto de debate, sino en la reacción institucional que provocó.

La preocupación de las autoridades virreinales se intensificó a medida que comenzaron a converger noticias procedentes de distintas embarcaciones extranjeras que recalaban en Puerto Soledad. En el oficio reservado elevado por el virrey Nicolás de Arredondo al conde del Campo de Alange, fechado el 23 de septiembre de 1790, se incorporaron las declaraciones recibidas al capitán John Loveday, de la balandra inglesa La Audaz (Audacious), y a John Palmer y George Bright, vinculados con la goleta estadounidense La Peregrina (Pilgrim), quienes habían arribado a las Islas Malvinas solicitando víveres y auxilios para continuar su navegación. De esos testimonios surgía una información que el virrey consideró suficientemente relevante como para dejarla incorporada al expediente: mientras permanecían en las islas de Cabo Verde[11], habían sabido de una embarcación que transportaba alrededor de doscientas mujeres con destino a la Isla de los Estados o Nueva Irlanda; asimismo, otra nave procedente del cabo de Buena Esperanza afirmaba que en aquel establecimiento se padecía una grave escasez de víveres (Arredondo, 1790).

La documentación revela, sin embargo, una actitud de marcada prudencia por parte de la administración española. En ningún momento Arredondo dio por acreditada la existencia de la supuesta colonia británica; por el contrario, después de reunir y confrontar las distintas declaraciones, manifestó expresamente su decisión de “hacer el reconocimiento de Nueva Irlanda, cuando lo permitan las circunstancias, hasta asegurarme de su existencia” (Arredondo, 1790). La coincidencia de testimonios procedentes de navegantes distintos justificó la apertura de nuevas averiguaciones, pero no sustituyó la necesidad de una comprobación oficial. Este proceder resulta especialmente significativo desde la perspectiva del derecho público hispánico, pues pone de manifiesto que la Corona consideraba comprendidos aquellos espacios dentro de su esfera jurisdiccional y entendía que cualquier noticia relativa a un eventual establecimiento extranjero debía ser objeto de investigación y verificación por las autoridades competentes antes de adoptar nuevas medidas de gobierno o defensa.

La verdadera singularidad de la Isla de los Estados residía en que alteraba una de las constantes de la geopolítica colonial: en el extremo austral, el control del territorio dependía menos de la ocupación de la tierra que del dominio de la movilidad marítima. A diferencia de las fronteras continentales, donde la soberanía se proyectaba mediante ciudades, fuertes y poblaciones, en el Mar Austral la autoridad se ejercía regulando los flujos de navegación, los fondeaderos, los puntos de abastecimiento y la información hidrográfica. La Isla de los Estados era, por ello, una pieza de una geografía funcional antes que un espacio de colonización. Su importancia no descansaba en la posibilidad de poblarla, sino en su capacidad para condicionar el tránsito entre dos océanos y, con ello, influir sobre el comercio, las comunicaciones imperiales y el despliegue de las fuerzas navales. En términos contemporáneos, podría afirmarse que constituía un auténtico chokepoint[12] del Atlántico Sur, aunque administrado conforme a las categorías del derecho de gentes y de la estrategia naval del siglo XVIII, donde la vigilancia continua del espacio valía tanto como su ocupación material.

Más allá del contenido concreto de las noticias, el expediente permite observar el funcionamiento del aparato administrativo borbónico frente a una amenaza potencial sobre los espacios australes. La información producida en Puerto Soledad no permanecía circunscripta al gobernador del establecimiento, sino que recorría una cadena institucional perfectamente definida: era remitida al virrey del Río de la Plata, evaluada por la superioridad política en Buenos Aires y, posteriormente, elevada a la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Indias para su conocimiento y resolución. Este procedimiento revela que las Islas Malvinas no constituían una dependencia aislada, sino un órgano integrado en la estructura gubernativa de la Monarquía Hispánica, capaz de activar los mecanismos ordinarios de decisión del Imperio cuando la situación lo requería. La circulación jerárquica de informes, testimonios, declaraciones y oficios demuestra que la defensa del extremo austral se articulaba mediante una administración documental permanente, donde la producción de información constituía una función de gobierno tan relevante como el despliegue de fuerzas navales. En ese sentido, la correspondencia generada entre Puerto Soledad, Buenos Aires y Madrid permite reconstruir una verdadera cadena administrativa de ejercicio de la soberanía, en la cual cada autoridad actuaba dentro de competencias claramente delimitadas por las Ordenanzas de la Real Armada y por la organización político-administrativa del Virreinato del Río de la Plata (Lynch, 1958; Kuethe & Andrien, 2014; Barriera, 2021).

La alarma generada por esos informes coincidió con la Crisis de Nootka (1789-1790), uno de los episodios diplomáticos más delicados del siglo XVIII. La captura de los buques británicos Argonaut, Princess Royal y North West America por el comandante español Esteban José Martínez[13] en Nootka Sound, el 13 de mayo de 1789, provocó una grave controversia entre Madrid y Londres acerca del alcance de los derechos territoriales derivados del descubrimiento, la ocupación y la administración efectiva. Más allá del escenario inmediato del conflicto, la disputa puso en evidencia dos concepciones contrapuestas del derecho de gentes: mientras Gran Bretaña sostenía que los territorios escasamente ocupados permanecían abiertos a nuevos asentamientos, España afirmaba que la continuidad de la administración, la dependencia jurisdiccional respecto de sus virreinatos, el ejercicio permanente de funciones gubernativas y la vigilancia sobre la navegación constituían manifestaciones suficientes del dominio soberano. Como ha señalado la historiografía especializada, la controversia de Nootka trascendió ampliamente el Pacífico noroccidental e incidió directamente sobre la interpretación jurídica de los espacios australes americanos, incluyendo Malvinas, Tierra del Fuego y la Isla de los Estados (Caillet-Bois, 1929, pp. 341-347; Manning, 1963).

Las negociaciones culminaron con la firma de la Convención de San Lorenzo de El Escorial, suscripta el 28 de octubre de 1790, cuyo artículo VI establecía que los súbditos británicos no podrían fundar establecimientos en las costas orientales ni occidentales de América Meridional ni en las islas adyacentes ya ocupadas por España (Convention between His Britannic Majesty and the King of Spain, 1790). Desde una perspectiva hermenéutica, el tratado posee una significación que excede la simple prevención de un conflicto armado. No creó derechos soberanos nuevos ni constituyó un título originario sobre los territorios australes; por el contrario, partió del reconocimiento de una situación posesoria preexistente, cuya preservación ambas potencias se comprometían a respetar. Esta interpretación resulta plenamente compatible con el pensamiento de Emer de Vattel[14], quien sostenía que los tratados internacionales no generan ordinariamente el dominio territorial, sino que regulan las condiciones de su ejercicio y reconocimiento entre los Estados (Le droit des gens, libro II, cap. XII). En consecuencia, la Convención de San Lorenzo confirmó, antes que crear, la jurisdicción que la Monarquía Hispánica venía ejerciendo mediante gobernadores, expediciones de reconocimiento, reglamentación de la navegación y administración continua de los espacios australes (Vattel, 1758; Kohen, 2023).

Leída en conjunto, la secuencia formada por los informes de Clairac, las actuaciones del virrey Arredondo, la crisis de Nootka y la Convención de San Lorenzo de El Escorial permite advertir que la Monarquía Hispánica concebía el Atlántico Sur como un sistema geopolítico integrado, donde Malvinas, Tierra del Fuego, la Isla de los Estados y los accesos al cabo de Hornos constituían elementos funcionalmente inseparables. La respuesta española no consistió únicamente en mantener guarniciones o realizar expediciones ocasionales, sino en articular información, cartografía, diplomacia, patrullaje naval y administración territorial como expresiones complementarias de un mismo ejercicio soberano. Desde esta perspectiva, la importancia histórica del episodio de Nueva Irlanda no radica exclusivamente en demostrar la existencia efectiva de un asentamiento británico —cuestión aún debatida por la historiografía—, sino en evidenciar la forma en que la administración borbónica reaccionó frente a la mera posibilidad de una intrusión extranjera, desplegando los mecanismos ordinarios de gobierno sobre un territorio que consideraba inequívocamente incorporado a su jurisdicción. Esa práctica administrativa constituye uno de los antecedentes más sólidos de la continuidad jurídica que, tras la Revolución de Mayo, invocaría el Estado argentino mediante el principio del uti possidetis juris de 1810.

IV. De la alarma de Nueva Irlanda al reconocimiento efectivo de Tierra del Fuego y la Isla de los Estados

Establecida la reacción administrativa provocada por las noticias sobre Nueva Irlanda, corresponde examinar las medidas concretas mediante las cuales la Monarquía Hispánica procuró comprobar la existencia y determinar la localización del supuesto establecimiento. La falta de una verificación concluyente impedía organizar una operación militar dirigida contra una guarnición cuya presencia, composición y emplazamiento permanecían inciertos. Por esa razón, las autoridades virreinales privilegiaron inicialmente la inspección de las costas, el examen de los fondeaderos y la confrontación de los testimonios recogidos entre capitanes y pilotos. La diferencia no era menor: mientras el desalojo presuponía la identificación de una ocupación extranjera efectiva, el reconocimiento naval debía establecer si las noticias remitidas desde Puerto Soledad describían una colonia permanente, una estación estacional de cazadores de lobos marinos o una deformación producida durante la transmisión oral de informaciones procedentes de otras regiones del mundo marítimo británico.

Las medidas adoptadas por Nicolás de Arredondo contaban con antecedentes concretos en la política de reconocimiento del litoral patagónico y fueguino. En 1768, el gobernador de Buenos Aires, Francisco de Paula Bucareli y Ursúa, dispuso que el teniente de fragata Manuel Pando y el capitán Domingo Perler examinaran la costa patagónica, el estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego, con instrucciones de identificar posibles establecimientos extranjeros y evaluar la conveniencia de fundar un asentamiento español. La expedición, realizada a bordo del bergantín San Francisco de Paula y de la goleta San Rafael, sólo alcanzó Puerto Deseado, pues las condiciones meteorológicas impidieron que continuara hacia el sur. Sin embargo, el resultado incompleto de la empresa no condujo al abandono de sus objetivos. El 11 de septiembre de 1769, el secretario de Marina e Indias, Julián de Arriaga, ordenó reiterar el reconocimiento durante una estación más favorable, demostrando que la vigilancia del confín austral precedió en varias décadas a las noticias sobre Nueva Irlanda y formó parte de una preocupación sostenida de la administración española (Destéfani, 1982).

Este antecedente permite situar las decisiones de Arredondo dentro de una continuidad institucional que no dependía exclusivamente de crisis coyunturales. El problema que enfrentaba la Corona no era sólo la posible existencia de una colonia enemiga, sino la dificultad estructural de controlar un litoral extenso, escasamente poblado y recortado por bahías, estrechos, canales e islas que podían proporcionar refugio a embarcaciones extranjeras. En ese marco, la búsqueda de establecimientos debía complementarse con la identificación de aguadas, fondeaderos y lugares aptos para el desembarco o la reparación de buques. El reconocimiento hidrográfico adquiría así una finalidad simultáneamente náutica, defensiva y administrativa: permitía navegar con mayor seguridad, anticipar los movimientos de otras potencias y determinar en qué puntos podía ejercerse una vigilancia materialmente posible.

Entre los antecedentes examinados por la administración virreinal figuraban también referencias a los contactos mantenidos por navegantes extranjeros con grupos indígenas de las costas patagónicas y fueguinas. Algunos informes mencionaban intercambios de abalorios, herramientas, armas y otros objetos, prácticas habituales en las expediciones marítimas europeas y americanas de la época. La documentación española tendía a interpretarlas dentro de una lógica defensiva, pues las relaciones con las poblaciones locales podían facilitar el aprovisionamiento, la obtención de información geográfica y el acceso a lugares desconocidos para los navegantes recién llegados. No obstante, esas referencias deben tratarse con cautela: su existencia no demuestra por sí misma una estrategia británica coordinada de penetración territorial. Sí permiten comprender por qué las autoridades españolas asociaban la exploración de las costas, el intercambio con los habitantes originarios, la explotación de recursos marítimos y la eventual instalación de establecimientos como momentos potencialmente sucesivos de una presencia extranjera que podía comenzar de manera temporal y adquirir luego una dimensión política.

La explotación de cetáceos y lobos marinos constituía, en efecto, una de las principales formas de presencia extranjera en el espacio austral. Los buques que desarrollaban esas actividades necesitaban permanecer durante períodos prolongados en determinadas costas, establecer campamentos, levantar construcciones precarias, almacenar aceite y cueros, obtener agua y leña y reparar sus embarcaciones. Desde el punto de vista material, la diferencia entre una estación pesquera y un asentamiento permanente podía resultar inicialmente tenue. La administración española temía que instalaciones justificadas por necesidades económicas se transformaran gradualmente en bases navales o establecimientos coloniales, especialmente en regiones donde la distancia dificultaba la comprobación inmediata de los hechos. Ricardo Caillet-Bois documentó la reiterada presencia de navegantes extranjeros y la preocupación de las autoridades de Puerto Soledad por las actividades de reconocimiento, pesca y comercio desarrolladas bajo apariencias que no siempre permitían distinguir con claridad sus objetivos finales (Caillet-Bois, 1948).

La campaña dirigida por Ramón de Clairac y Villalonga hacia Puerto Deseado en 1789 ofrece un ejemplo concreto de esa preocupación. Clairac había denunciado la presencia de navegantes británicos en la costa patagónica y recibió el mando de la corbeta Santa Elena, acompañada por los bergantines Belén y Nuestra Señora del Carmen, con el propósito de reconocer la región, inspeccionar las actividades de los buques extranjeros y examinar posibles lugares de establecimiento. Al arribar a Puerto Deseado encontró embarcaciones británicas dedicadas a la explotación de ballenas y lobos marinos. Después de interrogarlas e inspeccionar sus cargamentos, les ordenó abandonar el lugar y dispuso destruir las instalaciones utilizadas durante su permanencia. El episodio no demuestra la existencia de una colonia británica organizada, pero sí acredita el ejercicio de funciones de vigilancia y policía marítima por parte de la autoridad española sobre la costa patagónica.

La expedición de Ramón de Clairac debía proseguir desde Puerto Deseado hacia la bahía de San Julián y la desembocadura del río Santa Cruz. Sin embargo, el 9 de abril de 1789 una de las lanchas de la corbeta Santa Elena zozobró a causa de las corrientes: siete tripulantes murieron y otros cuatro lograron salvarse. La pérdida de esa embarcación auxiliar comprometió la continuidad de las operaciones previstas, por lo que Clairac reunió el día 18 una junta de oficiales y pilotos, que resolvió suspender el reconocimiento y dirigirse a Puerto Soledad, decisión que el comandante dejó consignada como adoptada de manera unánime (Maeso Buenasmañanas, 1999, pp. 400–402). El episodio permite advertir las limitaciones materiales que condicionaban la vigilancia española del litoral austral: la ejecución de los itinerarios dependía de embarcaciones auxiliares indispensables para efectuar sondajes, desembarcos e inspecciones costeras, de modo que su pérdida podía impedir el cumplimiento integral de las instrucciones recibidas. Por ello, la interrupción de una campaña no debe interpretarse automáticamente como una comprobación exhaustiva de la inexistencia de establecimientos extranjeros en los parajes que no llegaron a ser reconocidos.

El episodio de Nueva Irlanda debe analizarse dentro de esas condiciones. La noticia no identificaba con precisión el lugar del supuesto establecimiento y alternaba referencias a la Isla de los Estados con denominaciones geográficas inciertas. La toponimia empleada por los navegantes no era uniforme y podía cambiar según la nacionalidad, el derrotero consultado o la transmisión oral de los datos. A ello se sumaba la posibilidad de que “Nueva Irlanda” no designara necesariamente una colonia emplazada en la isla conocida por los españoles como Isla de los Estados, sino otro paraje austral, una denominación proyectada o incluso una confusión con establecimientos situados fuera del Atlántico sudoccidental. La tarea de la administración virreinal no consistía, por tanto, en comprobar únicamente si existía una población en un punto determinado, sino en resolver previamente qué realidad geográfica correspondía al nombre transmitido por los declarantes.

La coincidencia temporal entre las averiguaciones australes y la crisis de Nutka añadió una dimensión internacional al problema, aunque ambos expedientes no deben confundirse. Los apresamientos efectuados en 1789 por Esteban José Martínez en el Pacífico noroccidental dieron origen a una protesta británica concreta, articulada en torno a los buques capturados, los reclamos de John Meares y las pretensiones comerciales británicas sobre aquellas costas. Las noticias relativas a Nueva Irlanda, en cambio, no produjeron —al menos según la documentación conocida— una reclamación diplomática británica autónoma ni una controversia bilateral específica. Su relevancia derivaba de que mostraban la posibilidad de que el mismo conflicto entre establecimientos permanentes e instalaciones temporales se reprodujera en el extremo austral americano.

La movilización naval ordenada por el gobierno de William Pitt[15] durante 1790, conocida como Spanish Armament, colocó a España y Gran Bretaña al borde de la guerra. La posición española se debilitó cuando la crisis revolucionaria francesa impidió que el Tercer Pacto de Familia proporcionara el respaldo militar esperado. Este desequilibrio favoreció la negociación de la Convención de San Lorenzo de El Escorial, firmada el 28 de octubre de 1790. Para el análisis del Atlántico Sur resulta especialmente relevante su artículo VI, que reguló la conducta futura de ambas coronas en las costas orientales y occidentales de América Meridional y en las islas adyacentes. El acuerdo distinguió entre nuevos establecimientos permanentes y construcciones temporales relacionadas con la pesca, al tiempo que fijó limitaciones para las actividades británicas en las proximidades de las costas efectivamente ocupadas por España (Convention between His Britannic Majesty and the King of Spain, 1790). El texto de la convención confirma que, en la práctica diplomática del período, la duración, la finalidad y la vocación de permanencia de un asentamiento eran elementos decisivos para determinar su significado jurídico.

Esta distinción incidía directamente sobre la interpretación de las noticias procedentes de Malvinas. Si Nueva Irlanda consistía en una colonia dotada de población estable, autoridades y guarnición, su existencia habría planteado un problema radicalmente diferente del suscitado por una recalada de balleneros o una estación estacional destinada al procesamiento de cueros y aceite. Pero para arribar a esa conclusión era necesario verificar la permanencia del asentamiento, identificar su localización y determinar la naturaleza de las instalaciones. La sola presencia de buques, depósitos o construcciones precarias no bastaba para acreditar una ocupación colonial consumada. La administración necesitaba distinguir entre una actividad económica transitoria, tolerada o regulada por el nuevo régimen convencional, y un establecimiento dirigido a consolidar una posición territorial británica.

Fue en ese contexto cuando se organizó la expedición confiada al teniente de navío Juan José de Elizalde y Uztáriz[16]. Entre diciembre de 1791 y febrero de 1792, la corbeta San Pío y el bergantín Nuestra Señora del Carmen recorrieron sectores de la costa patagónica, Tierra del Fuego y la Isla de los Estados. El piloto del bergantín era José de la Peña, y la comisión incluyó a Luis del Monte, José Zuasnávar, Manuel Bernal y Cándido Lasala, vinculados con las observaciones náuticas, astronómicas e hidrográficas. La empresa no estuvo limitada a la búsqueda de Nueva Irlanda: formó parte de un reconocimiento más amplio, dirigido a describir costas, determinar posiciones, examinar fondeaderos y aumentar el conocimiento disponible sobre una región cuya cartografía seguía presentando numerosas insuficiencias (Maeso Buenasmañanas, 2009; Vairo, 2003). La existencia de un estudio monográfico específicamente dedicado a esta expedición confirma su entidad propia dentro de la historia de los reconocimientos españoles del extremo austral.

El itinerario comprendió Puerto Deseado, sectores de la costa oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego, el estrecho de Le Maire, la costa meridional fueguina y la Isla de los Estados. Las observaciones producidas durante el viaje contribuyeron a fijar accidentes geográficos y topónimos, entre ellos cabo San Pablo, caleta Policarpo, caleta Arredondo, bahía Aguirre y cabo San Pío. La denominación de los lugares no constituía por sí sola una apropiación territorial, pero integraba una práctica administrativa más amplia: reconocer, describir y hacer inteligible el espacio para las autoridades encargadas de su defensa. El diario y los levantamientos de la expedición deben considerarse, por ello, instrumentos de conocimiento náutico y gubernativo, sin atribuirles automáticamente una incorporación inmediata a una cartografía oficial unificada que debería comprobarse mediante el estudio específico de la circulación posterior de sus planos.

El resultado negativo respecto de Nueva Irlanda posee una importancia historiográfica fundamental. La expedición no registró el hallazgo de una población británica permanente en la Isla de los Estados ni documentó construcciones, autoridades o guarniciones que coincidieran con las dimensiones atribuidas al establecimiento por los testimonios recogidos en Puerto Soledad. Tampoco consta una operación militar de desalojo, una capitulación de sus supuestos ocupantes o la destrucción de una colonia organizada. Esto no significa que ninguna embarcación extranjera hubiera recalado en la isla o utilizado temporalmente sus costas; significa, más precisamente, que el reconocimiento no produjo la prueba material que habría permitido convertir las noticias previas en la comprobación oficial de un establecimiento colonial.

La ausencia de un hallazgo obliga a regresar críticamente a la procedencia de las declaraciones. Una primera interpretación, desarrollada por Ernesto J. Fitte y retomada posteriormente por distintas obras históricas y geopolíticas, atribuye considerable valor a la reiteración de las noticias reunidas por Clairac y Arredondo. Desde esa perspectiva, las referencias a buques que habrían transportado familias, oficiales, tropas, mujeres, animales y víveres, sumadas a las versiones sobre una guarnición y una población numerosa, no constituirían un rumor aislado, sino indicios convergentes de una tentativa británica de colonización en la Isla de los Estados o en algún punto próximo del espacio fueguino. La importancia que las propias autoridades españolas concedieron a la denuncia reforzaría, en esta lectura, su verosimilitud histórica (Fitte, 1974, pp. 239–245).

Sin embargo, el valor probatorio de esas declaraciones depende no sólo de su reiteración, sino también de su procedencia. Ninguno de los declarantes afirmó haber desembarcado personalmente en Nueva Irlanda ni haber inspeccionado el supuesto establecimiento. John Loveday reprodujo noticias que dijo haber recibido de los capitanes de otros buques; John Palmer manifestó haberlas conocido durante una escala en las islas de Cabo Verde; y las referencias atribuidas a una embarcación procedente del cabo de Buena Esperanza tampoco provenían de la observación directa de quienes declaraban en Puerto Soledad (Archivo General de Indias, Buenos Aires, leg. 553; Fitte, 1974, pp. 239–245). En consecuencia, la reiteración de la información acredita su circulación entre los navegantes, pero no basta, por sí sola, para considerarla corroborada por testimonios independientes (Bloch, 2001).

La identificación de la Fishburn y la Golden Grove introduce un elemento que obliga a revisar críticamente el alcance probatorio de las declaraciones atribuidas a John Loveday. Ambas embarcaciones integraron la First Fleet, la expedición organizada por el gobierno británico para establecer la colonia penal de Nueva Gales del Sur, compuesta por once buques que zarparon de Portsmouth el 13 de mayo de 1787 transportando oficiales, infantes de marina, convictos, mujeres, niños, provisiones, animales y pertrechos destinados al nuevo establecimiento. La Fishburn y la Golden Grove cumplían funciones de storeships (buques de aprovisionamiento) y fueron las últimas naves de la expedición en abandonar Port Jackson el 19 de noviembre de 1788, una vez descargados sus suministros (State Library of New South Wales, s. f.). Esta cronología coincide de manera llamativa con algunos de los elementos presentes en el expediente elevado por Nicolás de Arredondo, donde Loveday aludía a embarcaciones que habrían transportado familias, oficiales, tropas y víveres hacia una nueva colonia. Sin embargo, esa correspondencia temporal no permite establecer una relación causal entre ambos episodios: hasta el momento no se conoce documentación británica que vincule a la Fishburn o a la Golden Grove con un establecimiento en la Isla de los Estados, por lo que la posibilidad de que las noticias recogidas en Puerto Soledad constituyeran una deformación oral de informaciones relativas a la colonización de Nueva Gales del Sur[17] debe ser considerada únicamente una hipótesis historiográfica, plausible pero no demostrada, que exige ser distinguida de los hechos efectivamente acreditados por la documentación contemporánea (Fitte, 1974; State Library of New South Wales, s. f.).

La coincidencia no permite demostrar de forma concluyente que las noticias sobre Nueva Irlanda fueran una simple corrupción de las informaciones relativas a Nueva Gales del Sur, pero obliga a considerar seriamente esa hipótesis. En los circuitos marítimos del siglo XVIII, las noticias se transmitían de puerto en puerto, traducidas entre distintos idiomas y reformuladas por tripulantes que no siempre conocían con precisión la geografía de los lugares mencionados. Una referencia a una “nueva colonia” británica ubicada en los mares australes podía ser desplazada, durante esa circulación, desde la costa oriental de Australia hacia una isla situada en las proximidades de Tierra del Fuego. La semejanza entre los cargamentos atribuidos a los buques y la composición efectiva de la First Fleet debilita la posibilidad de utilizar el testimonio como prueba directa de una segunda empresa colonizadora contemporánea en la Isla de los Estados.

Existe, además, un dato documental que exige especial prudencia: después de abandonar Port Jackson el 19 de noviembre de 1788, la Fishburn y la Golden Grove emprendieron conjuntamente el viaje de regreso a Inglaterra por la ruta del cabo de Hornos, arribaron a las Islas Malvinas el 16 de enero de 1789, permanecieron allí aproximadamente dos semanas para reaprovisionarse y permitir la recuperación de los tripulantes afectados por el escorbuto, y zarparon nuevamente el 3 de febrero de 1789, continuando su navegación en conserva hasta el 11 de abril, cuando ambas embarcaciones se separaron durante la travesía hacia Europa (Edwell, 2015a, 2015b). Este itinerario demuestra que los dos buques habían participado efectivamente en el establecimiento de la colonia de Nueva Gales del Sur y atravesaron posteriormente el espacio marítimo del Atlántico Sur, pero no acredita que hubieran transportado colonos a la Isla de los Estados. Desde una perspectiva historiográfica, la coincidencia cronológica entre la presencia comprobada de ambas naves en Malvinas y las noticias recogidas posteriormente por John Loveday permite plantear, únicamente como hipótesis de trabajo, que parte de la información transmitida en Puerto Soledad pudiera haber resultado de una confusión entre la expedición colonizadora de Nueva Gales del Sur y un supuesto establecimiento denominado «Nueva Irlanda»; sin embargo, hasta el momento no se conoce documentación británica que demuestre esa conexión, por lo que dicha interpretación no puede ser considerada un hecho probado.

La crítica de las fuentes debe evitar, sin embargo, el extremo opuesto de considerar completamente ficticia toda noticia por el solo hecho de no haberse encontrado la colonia. La Isla de los Estados y las costas fueguinas eran frecuentadas por navegantes extranjeros, y las actividades de caza y pesca podían producir instalaciones temporales que desaparecieran antes de la llegada de una expedición española. El clima, la madera disponible, los fondeaderos y la proximidad del estrecho de Le Maire hacían posible el uso estacional de ciertos parajes, aunque no necesariamente el mantenimiento de una población de centenares de habitantes. Por ello, el fracaso en localizar una colonia permanente no elimina la posibilidad de recaladas, campamentos o depósitos transitorios; simplemente impide atribuirles, sin otras pruebas, la condición de establecimiento político británico.

La dimensión demográfica de las noticias constituye otro elemento problemático. Una población de aproximadamente quinientas personas, acompañada por oficiales, tropas y una compañía de guarnición, habría requerido un volumen considerable de víveres, alojamientos, herramientas, embarcaciones auxiliares y comunicaciones regulares con otros puertos. Un asentamiento de esas características difícilmente habría permanecido sin dejar rastros documentales en los registros de la administración naval británica, en los seguros marítimos, en los contratos de fletamento o en la correspondencia de los responsables de su aprovisionamiento. Tampoco se conocen, hasta el momento, nóminas de colonos, planos del establecimiento, instrucciones oficiales inequívocas ni informes de sus autoridades. La magnitud atribuida a Nueva Irlanda exige, por tanto, una evidencia proporcionalmente sólida, que los testimonios indirectos conservados en el expediente español no alcanzan a proporcionar.

La comparación con Puerto Egmont permite precisar todavía más la diferencia. El establecimiento británico fundado en Malvinas durante la década de 1760 produjo instrucciones, diarios de navegación, planos, correspondencia oficial, estructuras reconocibles, una guarnición identificada y una controversia diplomática concreta. Su desalojo en 1770 dio lugar a protestas formales, negociaciones entre ambas coronas y una restitución pactada. Nada semejante se conoce respecto de Nueva Irlanda: no hay registro británico inequívoco de su fundación, no existe documentación sobre el nombramiento de autoridades, no consta una expedición española que haya obtenido su rendición y tampoco se ha identificado una protesta diplomática por su pérdida. Esta diferencia documental no prueba que ninguna presencia extranjera haya existido, pero impide colocar ambos episodios en un mismo plano de certeza histórica.

La denominación “Nueva Irlanda” tampoco resuelve el problema. Durante la expansión europea, nombres semejantes fueron aplicados a diferentes proyectos y territorios, y podían circular antes de que una colonización se materializara o incluso sin que llegara a realizarse. La existencia de un topónimo en testimonios de terceros demuestra que la expresión era conocida entre ciertos navegantes, pero no permite determinar automáticamente su ubicación. Para identificarla con la Isla de los Estados sería necesario establecer una cadena documental que vinculara el nombre, el lugar y una presencia británica concreta. El expediente español registra precisamente esa incertidumbre al alternar la formulación “Isla de los Estados o Nueva Irlanda”, lo que sugiere que quienes transmitían la noticia no siempre distinguían con seguridad entre el accidente geográfico conocido y la supuesta denominación colonial.

La conducta de Arredondo confirma esa falta de certeza. Su propósito de efectuar el reconocimiento “cuando lo permitan las circunstancias, hasta asegurarme de su existencia” expresa simultáneamente la gravedad concedida a la información y la ausencia de una comprobación definitiva (Arredondo, 1790). La frase no equivale a una afirmación de que la colonia existiera, pero tampoco a un rechazo de los testimonios. Revela una posición intermedia: las noticias eran suficientemente verosímiles para justificar actuaciones administrativas, aunque todavía insuficientes para fundar una operación militar o una reclamación diplomática. Desde el punto de vista metodológico, esa distinción debe conservarse en la reconstrucción historiográfica: la credibilidad que una autoridad contemporánea atribuyó a una denuncia constituye un hecho histórico; la materialidad del objeto denunciado exige una prueba adicional.

Puede advertirse, por tanto, que la documentación permite distinguir al menos tres planos de certeza. En primer término, está ampliamente acreditada la presencia de embarcaciones británicas y estadounidenses dedicadas a la pesca de ballenas, la caza de lobos marinos, el transporte de cueros y aceite y el reconocimiento de puertos y costas australes. Estas actividades generaron contactos con Puerto Soledad, recaladas en el litoral patagónico y establecimientos estacionales cuya existencia era conocida y vigilada por las autoridades españolas. En segundo término, está probado que Clairac y Arredondo recibieron noticias sobre una posible población llamada Nueva Irlanda, las consideraron verosímiles y promovieron diligencias para comprobarlas. En tercer término, permanece sin demostración concluyente la existencia de una colonia británica permanente en la Isla de los Estados, dotada de población estable, mando político, guarnición e infraestructura organizada.

Esta graduación permite evitar tanto la afirmación categórica de una “invasión británica” consumada como la desestimación absoluta del episodio. La primera excede lo que las fuentes permiten sostener, porque presupone un establecimiento territorial cuya materialidad no fue comprobada. La segunda desconocería la densidad de las actuaciones administrativas, la presencia marítima extranjera y el temor razonable de que las estaciones pesqueras evolucionaran hacia formas más estables de ocupación. La formulación históricamente más rigurosa consiste en reconocer que, hacia fines de la década de 1780, circularon noticias reiteradas sobre un posible establecimiento británico denominado Nueva Irlanda, atribuido a la Isla de los Estados o a un punto próximo del espacio fueguino, y que tales noticias desencadenaron medidas concretas de investigación y reconocimiento.

La importancia histórica del episodio no depende, en consecuencia, de demostrar a cualquier costo que la colonia existió. Su verdadero valor reside en mostrar cómo reaccionó la Monarquía Hispánica frente a una amenaza incierta en un espacio periférico de difícil control. Las autoridades reunieron testimonios, contrastaron declaraciones, movilizaron embarcaciones, reconocieron costas y produjeron diarios y levantamientos hidrográficos. Esa actividad no reemplaza la ocupación material ni convierte automáticamente la vigilancia en dominio absoluto, pero constituye una manifestación concreta del ejercicio de funciones de gobierno sobre el espacio investigado. España no actuó como una potencia que pretendiera adquirir una terra nullius, sino como una autoridad que procuraba comprobar y neutralizar una posible intrusión dentro de territorios que consideraba sometidos a su jurisdicción.

El episodio demuestra también que la explotación económica y la expansión política no podían separarse con facilidad en el mundo marítimo del siglo XVIII. Los balleneros y loberos buscaban recursos, pero al mismo tiempo producían información hidrográfica, identificaban refugios y establecían redes de aprovisionamiento. Una estación temporal podía desaparecer al finalizar la temporada o transformarse, si las condiciones internacionales lo permitían, en un punto de apoyo permanente. La administración española observaba esas actividades desde la experiencia de Puerto Egmont y desde un contexto en el que las potencias marítimas utilizaban expediciones comerciales, científicas y pesqueras como instrumentos complementarios de su proyección imperial. Por eso la investigación de Nueva Irlanda no fue una reacción desproporcionada ante un simple rumor, sino una respuesta preventiva ante una modalidad plausible de penetración extranjera.

La expedición de Elizalde constituye, en este sentido, el desenlace más significativo del expediente. No encontró la gran colonia descrita por algunos testimonios, pero amplió el conocimiento disponible sobre la costa oriental y meridional de Tierra del Fuego, el estrecho de Le Maire y la Isla de los Estados. El resultado negativo respecto del establecimiento británico no anuló la utilidad política de la empresa: permitió reducir la incertidumbre, registrar parajes estratégicos y demostrar que la autoridad virreinal estaba dispuesta a inspeccionar materialmente los territorios sobre los cuales afirmaba su jurisdicción. El reconocimiento fue, por tanto, una respuesta a la noticia de Nueva Irlanda y, al mismo tiempo, una operación con efectos que trascendieron aquella denuncia particular.

Conclusiones

La historia de la Isla de los Estados obliga a resistir dos simplificaciones igualmente improductivas. La primera consiste en afirmar, sin respaldo suficiente, la existencia de una colonia británica permanente comparable a Puerto Egmont; la segunda, en reducir todo el episodio de Nueva Irlanda a una ficción carente de significación histórica. La documentación conocida no permite acreditar instrucciones oficiales de fundación, nóminas de colonos, autoridades designadas, guarniciones identificables, planos del asentamiento, actos formales de posesión ni protestas diplomáticas derivadas de un eventual desalojo. Tampoco los reconocimientos españoles, en particular la expedición de Juan José de Elizalde y Uztáriz, registraron una población británica estable en la isla. Sin embargo, las fuentes sí demuestran una presencia intensa y persistente de navegantes extranjeros en los mares australes, la circulación contemporánea de noticias sobre un establecimiento denominado Nueva Irlanda y la preocupación que esas informaciones despertaron en las autoridades de la Monarquía Hispánica. La posible confusión entre las naves Fishburn y Golden Grove, integrantes de la First Fleet, y una supuesta empresa colonizadora en el Atlántico Sur ofrece una explicación verosímil para algunos elementos del relato, pero permanece en el terreno de la hipótesis: permite interpretar la noticia, no sustituir la prueba que falta.

El valor histórico del expediente reside, precisamente, en esa tensión entre incertidumbre y acción. La administración española no necesitó disponer de una certeza absoluta para considerar amenazado un espacio que entendía sometido a su jurisdicción. Reunió testimonios, confrontó versiones, ordenó reconocimientos navales, amplió el conocimiento hidrográfico y fortaleció la vigilancia sobre las Islas Malvinas, la Isla Grande de Tierra del Fuego y la Isla de los Estados. La duda no produjo inmovilidad, sino gobierno. En un territorio donde la ocupación intensiva resultaba prácticamente imposible, investigar, patrullar, describir y cartografiar eran formas concretas de ejercicio jurisdiccional. La soberanía no se manifestaba únicamente mediante fortalezas o poblaciones numerosas, sino también en la capacidad de transformar un espacio remoto en objeto permanente de conocimiento, decisión y administración.

La Primera Convención de San Lorenzo de El Escorial, firmada el 28 de octubre de 1790 como consecuencia de la crisis de Nutka, debe leerse dentro de ese mismo horizonte, aunque sin atribuirle efectos que su texto no contiene. Sus artículos VI y VII no implicaron un reconocimiento británico individualizado de la soberanía española sobre todos los archipiélagos del Atlántico Sur ni prohibieron de manera absoluta la navegación, la pesca o las recaladas temporarias. El acuerdo preservó las posiciones efectivamente ocupadas y distinguió entre las instalaciones transitorias vinculadas con la explotación marítima y los establecimientos permanentes dotados de vocación colonial. Esa diferencia explica la importancia que Nueva Irlanda adquirió para las autoridades españolas: si se trataba de una colonia estable, alteraba el statu quo territorial; si era apenas una estación estacional, su significación jurídica era distinta. La investigación ordenada por Arredondo fue, en definitiva, un intento de traducir una noticia incierta a las categorías políticas y jurídicas con las que la Monarquía regulaba la presencia extranjera en los mares australes.

Esa experiencia no desapareció con la crisis del orden hispánico. Tras la Revolución de Mayo, las Provincias Unidas sostuvieron haber sucedido a la Monarquía en los derechos correspondientes a los territorios australes. La concesión otorgada a Luis Vernet el 5 de enero de 1828 comprendió expresamente terrenos en la isla Soledad y en la Isla de los Estados, mientras que el decreto del 10 de junio de 1829 creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al cabo de Hornos en el mar Atlántico. La continuidad no fue solamente declarativa. La documentación del Fondo Luis Vernet demuestra que la Isla de los Estados fue integrada al circuito económico y jurisdiccional organizado desde Puerto Soledad: de sus bosques se extrajo madera para construcciones y reparaciones, sus costas fueron utilizadas para actividades pesqueras y loberas y sus puertos sirvieron como puntos de apoyo para las embarcaciones que operaban en el extremo austral. No se trató de una colonia autónoma, sino de una dependencia funcional que vinculaba Malvinas, Tierra del Fuego, el estrecho de Le Maire y el cabo de Hornos dentro de un mismo espacio de administración y aprovechamiento (Archivo General de la Nación, s. f.; Gobierno de Buenos Aires, 1828, 1829).

Durante la segunda mitad del siglo XIX, esa presencia adquirió formas más estables. Luis Piedrabuena sostuvo refugios, realizó salvamentos y mantuvo una actividad continuada en los mares australes; en reconocimiento de esos servicios, el Estado nacional le concedió la Isla de los Estados el 6 de octubre de 1868. Más tarde, el territorio retornó al dominio público y fue destinado a funciones navales, penitenciarias, científicas y de auxilio a la navegación. La instalación del Faro de San Juan de Salvamento en 1884, el funcionamiento posterior de destacamentos y de la colonia penal y la creación, en 1902, del Faro Año Nuevo y de las instalaciones meteorológicas y magnéticas de la isla Observatorio expresaron una misma voluntad: convertir la presencia episódica en continuidad institucional y asegurar la navegación en uno de los pasos más difíciles del Atlántico Sur.

Ese proceso estuvo estrechamente relacionado con la afirmación estatal sobre la Isla Grande de Tierra del Fuego. La misión de la South American Missionary Society en Ushuaia no constituyó una ocupación oficial del Reino Unido, pero tampoco puede ser aislada de las redes británicas que la hicieron posible. Originada en Inglaterra y sostenida desde la isla Keppel, en las Malvinas ocupadas por Gran Bretaña, la misión dirigida por Thomas Bridges se integró a un circuito de navegación, financiamiento, producción lingüística y conocimiento geográfico que vinculaba Malvinas, el canal Beagle y los puertos atlánticos. Su influencia fue religiosa, cultural y territorial de hecho, no una anexión formal promovida por Londres. Precisamente por ello, la expedición de Augusto Lasserre y la creación de la Subprefectura Marítima de Ushuaia, el 12 de octubre de 1884, deben entenderse como el tránsito desde una presencia privada de origen británico hacia el ejercicio permanente de funciones públicas argentinas. Bridges reconoció la jurisdicción nacional y continuó luego sus actividades desde la estancia Harberton, fundada en 1886, lo que confirma que la consolidación argentina no se produjo mediante la expulsión de la misión, sino mediante la instalación efectiva del Estado (Córdova Quero, 2021; Harambour, 2019; Weissel et al., 2021).

En la actualidad, la Isla de los Estados concentra, bajo nuevas formas, esa larga experiencia histórica. La Constitución de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur la declara, junto con el archipiélago de Año Nuevo y sus islotes adyacentes, «patrimonio intangible y permanente de todos los fueguinos» y Reserva Provincial Ecológica, Histórica y Turística (Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 1991, art. 54). La creación de la Reserva Natural Silvestre Isla de los Estados y Archipiélago de Año Nuevo reforzó esa protección, mientras que el Apostadero Naval “Comandante Luis Piedra Buena”, instalado en Puerto Parry desde 1978, mantiene la presencia permanente del Estado mediante tareas de vigilancia marítima, apoyo a la navegación y control del tránsito por el estrecho de Le Maire. A ello se suman las investigaciones científicas sobre ecosistemas subantárticos, clima, arqueología histórica y patrimonio cultural desarrolladas por la Administración de Parques Nacionales, la Armada, el CONICET y universidades nacionales.

Vista en perspectiva, la trayectoria de la Isla de los Estados no describe una sucesión de episodios inconexos, sino una continuidad histórica en la que fueron cambiando los instrumentos, pero no la función esencial. La Monarquía Hispánica la reconoció y vigiló como parte del sistema defensivo de los pasos australes; Vernet la incorporó al circuito económico y jurisdiccional de Puerto Soledad; Piedrabuena y las instituciones nacionales transformaron esa presencia en ocupación estable, auxilio a la navegación y administración territorial; el Estado contemporáneo la protege, investiga y custodia como patrimonio natural, histórico y estratégico. La soberanía sobre la isla nunca dependió de una colonización masiva, incompatible con su geografía, sino de una presencia adaptada a sus condiciones: primero expedicionaria, luego productiva y naval, finalmente científica, ambiental e institucional. Allí reside su significación más profunda. La Isla de los Estados no fue un margen vacío del territorio argentino, sino una de las formas mediante las cuales la jurisdicción sobre el Atlántico Sur adquirió continuidad material, memoria histórica y proyección hacia el futuro.

Bibliografía

Andrade S., F. (1955). Pedro Sarmiento de Gamboa. Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia, 13(47–48), 35–58. https://www.sogeocol.edu.co/documentos/047_ped_sarm_de_gam.pdf

Archivo General de Indias. (1765–1769). Expediente sobre las noticias relativas a expediciones inglesas dirigidas a los mares australes y los reconocimientos efectuados desde Chiloé [Documentación manuscrita]. Indiferente General, leg. 412, Archivo General de Indias, Sevilla, España. https://pares.cultura.gob.es/

Archivo General de Indias. (1788–1795). Correspondencia de los gobernadores de las Islas Malvinas y actuaciones relativas al supuesto establecimiento británico denominado Nueva Irlanda [Documentación manuscrita]. Buenos Aires, leg. 553, Archivo General de Indias, Sevilla, España. https://pares.cultura.gob.es/

Archivo General de la Nación Argentina. (1828–1829). Documentación relativa a Luis Vernet, la Isla de los Estados y la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al cabo de Hornos [Documentación manuscrita]. Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Argentina. https://www.argentina.gob.ar/interior/archivo-general-de-la-nacion

Arredondo, N. A. de. (1790, 23 de septiembre). Oficio reservado al conde del Campo de Alange sobre las noticias recogidas acerca del supuesto establecimiento de Nueva Irlanda [Manuscrito]. Archivo General de Indias, Buenos Aires, leg. 553, Sevilla, España.

Barriera, D. G. (2021). ¿Quiénes se mueven y qué movilizan? Una lectura de la colonización francesa de Malvinas en el Atlántico Sur (1764–1767). Mediterranea. Ricerche Storiche, 18(53), 621–650. https://www.storiamediterranea.it/wp-content/uploads/2021/12/6-Barriera.pdf

Barriera, D. G. (2022a). La historia regional argentina y el archipiélago malvinense: Comprender desencuentros, fabricar conexiones. Quinto Sol, 26(2), 1–23. https://doi.org/10.19137/qs.v26i2.6516

Barriera, D. G. (2022b). Un gobernador para el sur del mundo: Felipe Ruiz Puente y los inicios del gobierno español de las Islas Malvinas (1767–1770). Mélanges de la Casa de Velázquez, 52(1), 249–275. https://doi.org/10.4000/mcv.16594

Barros Arana, D. (1884–1902). Historia general de Chile (16 vols.). Rafael Jover. https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-685.html

Benites, M. J. (2004). Con la lanza y con la pluma: La escritura de Pedro Sarmiento de Gamboa. Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán.

Biblioteca Nacional de Chile. (s. f.). Memoria Chilena. https://www.memoriachilena.gob.cl/

Bibliothèque nationale de France. (s. f.). Gallica: Bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. https://gallica.bnf.fr/

Black, J. (1992). A military revolution? Military change and European society, 1550–1800. Macmillan.

Black, J., & Woodfine, P. (Eds.). (1988). The British Navy and the use of naval power in the eighteenth century. Leicester University Press. https://archive.org/details/britishnavyuseof0000unse_w8z3

Bloch, M. (2001). Apología para la historia o el oficio de historiador (M. Jiménez & D. Zaslavsky, Trads.). Fondo de Cultura Económica.

Caillet-Bois, R. R. (1929). La controversia del Nootka Sound y el Río de la Plata. Humanidades, 20, 341–374. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2176/pr.2176.pdf

Caillet-Bois, R. R. (1948). Una tierra argentina: Las Islas Malvinas. Peuser.

Canals Frau, S. (1986). Las poblaciones indígenas de la Argentina: Su origen, su pasado, su presente. Hyspamérica. (Obra original publicada en 1953).

Chapman, A. (1982). Drama and power in a hunting society: The Selk’nam of Tierra del Fuego. Cambridge University Press.

Clairac y Villalonga, R. de. (1788, 12 de noviembre). Informe remitido desde Puerto Soledad sobre las noticias relativas a un supuesto establecimiento británico denominado Nueva Irlanda [Manuscrito]. Archivo General de Indias, Buenos Aires, leg. 553, Sevilla, España.

Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (1991). Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Convención entre España y Gran Bretaña relativa a la restitución de Puerto Egmont. (1771, 22 de enero). [Declaración internacional].

Convention between His Britannic Majesty and the King of Spain, signed at the Escurial. (1790, 28 de octubre). [Primera Convención de Nootka o Convención de San Lorenzo de El Escorial]. https://avalon.law.yale.edu/18th_century/sp1790.asp

Cook, W. L. (1973). Flood tide of empire: Spain and the Pacific Northwest, 1543–1819. Yale University Press.

Córdova Quero, H. (2021). Lux et tenebris? Coloniality and Anglican missions in Argentine Patagonia in the nineteenth century. Humanities, 10(1), Article 36. https://doi.org/10.3390/h10010036

Destéfani, L. H. (1982). Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur ante el conflicto con Gran Bretaña. Edipress.

Dougnac Rodríguez, A. (1994). Manual de historia del derecho indiano. Universidad Nacional Autónoma de México. https://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/9278

Edwell, P. (2016a). Lady Juliana. Dictionary of Sydney. https://dictionaryofsydney.org/artefact/lady_juliana

Edwell, P. (2016b). Neptune. Dictionary of Sydney. https://dictionaryofsydney.org/artefact/neptune

España. (1776, 1 de agosto). Real Cédula para la creación provisional del Virreinato del Río de la Plata.

Fitte, E. J. (1968). La disputa con Gran Bretaña por las islas del Atlántico Sur. Emecé.

Fitte, E. J. (1974). Crónicas del Atlántico Sur: Patagonia, Malvinas y Antártida. Emecé.

Frost, A. (2011). The First Fleet: The real story. Black Inc.

García de Nodal, B., & García de Nodal, G. (1621). Relación del viaje que por orden de Su Majestad y acuerdo del Real Consejo de Indias hicieron los capitanes Bartolomé García de Nodal y Gonzalo de Nodal, hermanos, naturales de Pontevedra, al descubrimiento del estrecho nuevo de San Vicente y reconocimiento del de Magallanes. Fernando Correa de Montenegro.

Gobierno de Buenos Aires. (1828). Decreto de concesión a Luis Vernet de terrenos y derechos de aprovechamiento en las Islas Malvinas y la Isla de los Estados. Registro Oficial del Gobierno de Buenos Aires.

Gobierno de Buenos Aires. (1829, 10 de junio). Decreto de creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al cabo de Hornos en el mar Atlántico. Registro Oficial del Gobierno de Buenos Aires. https://cancilleria.gob.ar/es/politica-exterior/cuestion-malvinas/antecedentes

Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (s. f.). Reserva Provincial Ecológica, Histórica y Turística Isla de los Estados. https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/reserva-provincial-ecologica-historica-y-turistica-isla-de-los-estados-tdf/

Goebel, J., Jr. (1927). The struggle for the Falkland Islands: A study in legal and diplomatic history. Yale University Press. https://archive.org/details/struggleforfalkl0000goeb

Gray, C. S. (1999). Modern strategy. Oxford University Press.

Hamley, K. M., Gill, J. L., Krasinski, K. E., Groff, D. V., Hall, B. L., Sandweiss, D. H., Southon, J. R., Brickle, P., & Lowell, T. V. (2021). Evidence of prehistoric human activity in the Falkland Islands. Science Advances, 7(44), eabh3803. https://doi.org/10.1126/sciadv.abh3803

Harambour, A. (2019). Soberanías fronterizas: Estados y capital en la colonización de Patagonia, 1830–1922. Ediciones de la Universidad Austral de Chile.

Hlopec, R., & Loekemeyer, N. (2009). Isla de los Estados: Su patrimonio natural y cultural. Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Fundación Vida Silvestre Argentina. https://awsassets.wwfar.panda.org/downloads/isladelosestados.pdf

Hunter, I. (2010). Vattel’s law of nations: Diplomatic casuistry for the Protestant nation. Grotiana, 31(1), 108–140. https://doi.org/10.1163/187607510X540042

Kaplan, R. D. (2012). The revenge of geography: What the map tells us about coming conflicts and the battle against fate. Random House.

Kohen, M. G., & Rodríguez, F. D. (2015). Las Malvinas entre el derecho y la historia: Refutación del folleto británico “Más allá de la historia oficial. La verdadera historia de Falklands/Malvinas”. Eudeba.

Kuethe, A. J., & Andrien, K. J. (2014). The Spanish Atlantic world in the eighteenth century: War and the Bourbon reforms, 1713–1796. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107338661

Le Maire, J., & Schouten, W. C. (1897). Relación diaria del viaje de Jacobo Le Maire y Guillermo Cornelio Schouten en que descubrieron nuevo estrecho y pasaje del Mar del Norte al Mar del Sur, a la parte austral del Estrecho de Magallanes (J. T. Medina, ed.). Imprenta Elzeviriana. (Obra original publicada en 1619).

Lynch, J. (1958). Spanish colonial administration, 1782–1810: The intendant system in the Viceroyalty of the Río de la Plata. Athlone Press.

Lynch, J. (1989). Bourbon Spain, 1700–1808. Basil Blackwell. https://archive.org/details/bourbonspain17000000lync

Maeso Buenasmañanas, J. A. (1999). La expedición de Ramón de Clairac a la Patagonia en 1789. Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna, 12, 373–414. https://doi.org/10.5944/etfiv.12.1999.3379

Maeso Buenasmañanas, J. A. (2007). Expediciones navales españolas a la Patagonia argentina durante el siglo XVIII. Ministerio de Defensa.

Maeso Buenasmañanas, J. A. (2009). La expedición de Juan José de Elizalde y Uztáriz a la Patagonia, Tierra del Fuego e Isla de los Estados (diciembre de 1791–febrero de 1792). En C. Martínez Shaw & M. Alfonso Mola (Dirs.), España en el comercio marítimo internacional, siglos XVII–XIX: Quince estudios (pp. 451–486). Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Mahan, A. T. (1890). The influence of sea power upon history, 1660–1783. Little, Brown and Company. https://archive.org/details/influenceofseapo00maha

Manning, W. R. (1905). The Nootka Sound controversy. En Annual Report of the American Historical Association for the Year 1904 (pp. 279–478). Government Printing Office. https://archive.org/details/annualreportofam1904amer

Nakhimovsky, I. (2007). Vattel’s theory of the international order: Commerce and the balance of power in the Law of Nations. History of European Ideas, 33(2), 157–173. https://doi.org/10.1016/j.histeuroideas.2006.11.006

Paquette, G. B. (2013). Imperial Portugal in the age of Atlantic revolutions: The Luso-Brazilian world, c. 1770–1850. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139628743

Portal de Archivos Españoles. (s. f.). PARES. Ministerio de Cultura de España. https://pares.cultura.gob.es/

Real Orden de 4 de enero de 1767 dirigida al virrey del Perú para que extremase la vigilancia sobre los puertos y costas australes, especialmente Chiloé. (1767). [Real orden]. Archivo General de Indias, Indiferente General, leg. 412, Sevilla, España.

Rizoli, M. G., & Luirette Woods, S. (2021). El dilema argentino de la presencia británica en el Atlántico suroccidental y la Antártida. Centro de Estudios Internacionales, Universidad de Belgrano. https://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/9183

Rodger, N. A. M. (2004). The command of the ocean: A naval history of Britain, 1649–1815. Allen Lane. https://archive.org/details/commandofoceanna0000rodg

Rosa, J. M. (1967). Defensa y pérdida de nuestra independencia económica. Huemul.

Sarmiento de Gamboa, P. (1950). Viajes al Estrecho de Magallanes, 1579–1584 (Á. Rosenblat, Ed. y notas; A. Braun Menéndez, Introd.; 2 vols.). Emecé. (Obra original escrita entre 1579 y 1584).

Schouten, W. C. (1618). Journal ou description du merveilleux voyage de Guillaume Schouten, Hollandois, natif de Hoorn, fait ès années 1615, 1616 et 1617. Willem Janszoon Blaeu. https://archive.org/details/journaloudescrip00scho

State Library of New South Wales. (s. f.). Digital collections. https://www.sl.nsw.gov.au/

Till, G. (2018). Seapower: A guide for the twenty-first century (4.ª ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315621210

Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. (s. f.). Memoria Académica. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/

Urbina Carrasco, M. X. (2013). Expediciones a las costas de la Patagonia Occidental en el período colonial. Magallania, 41(2), 51–84. https://doi.org/10.4067/S0718-22442013000200002

Urbina Carrasco, M. X. (2017). La isla Madre de Dios —costa del Pacífico austral— en los siglos XVII y XVIII: Circulación de la información e interés geopolítico de España e Inglaterra. Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, 17, 545–567. https://revistavegueta.ulpgc.es/ojs/index.php/revistavegueta/article/view/401

Urbina Carrasco, M. X. (2018). Los “papeles de Londres” y alertas sobre ingleses: Chiloé y las costas de la Patagonia Occidental ante los conflictos entre España e Inglaterra, siglos XVII y XVIII. Mélanges de la Casa de Velázquez, 48(2), 235–264. https://doi.org/10.4000/mcv.8224

Vairo, C. P. (1997). La Isla de los Estados y el Faro del Fin del Mundo. Zagier & Urruty Publications.

Vattel, E. de. (1822). The law of nations; or, Principles of the law of nature, applied to the conduct and affairs of nations and sovereigns (J. Chitty, Ed.). S. Sweet; Stevens & Sons. (Obra original publicada en 1758). https://archive.org/details/lawofnationsorpr00vatt

Vattel, E. de. (2008). The law of nations (B. Kapossy & R. Whatmore, Eds.). Liberty Fund. (Obra original publicada en 1758). https://oll.libertyfund.org/title/whatmore-the-law-of-nations-lf-ed

Weissel, M. N., Rodríguez Basulto, B. A., & Piana, E. L. (2021). Misión anglicana de Ushuaia: Arqueología y patrimonio del Lugar Histórico Nacional de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Editora Cultural Tierra del Fuego.

Zangrando, A. F. J., & Borrero, L. A. (2024). A pre-European archaeology in Malvinas/Falkland Islands? A review. The Journal of Island and Coastal Archaeology, 19(3), 433–447. https://doi.org/10.1080/15564894.2022.2077484


[1] Como dato adicional, cabe poner de relieve que investigaciones arqueológicas y paleoecológicas más recientes han reabierto el debate acerca de una posible presencia humana preeuropea en el archipiélago de las Malvinas. Un estudio interdisciplinario publicado en Science Advances identificó evidencias convergentes —incrementos antrópicos en los registros de incendios, acumulaciones de fauna marina, una punta de proyectil lítica y análisis isotópicos del extinto guará o lobo-zorro de las Malvinas (Dusicyon australis)— compatibles con visitas esporádicas de grupos canoeros provenientes de Tierra del Fuego entre los siglos XIII y XV. Los autores sostienen que tales evidencias son coherentes con la tradición de navegación de los Yámana (Yaghan), cuya movilidad marítima alcanzaba los archipiélagos australes y pudo haber incluido travesías hacia Malvinas, planteando incluso la posibilidad de que el guará hubiese sido introducido por estos grupos (Hamley et al., 2021). Sin embargo, una revisión crítica posterior de la totalidad de las evidencias arqueológicas concluyó que, aunque la hipótesis resulta plausible y merece nuevas investigaciones, el conjunto de pruebas actualmente disponible no permite afirmar de manera concluyente una ocupación indígena preeuropea del archipiélago, por lo que la cuestión permanece abierta dentro de la arqueología del Atlántico Sur (Zangrando & Borrero, 2022).

[2] Francisco Álvarez de Toledo y Figueroa (1515-1582), V virrey del Perú entre 1569 y 1581, es considerado uno de los principales organizadores del Estado hispanoamericano. Durante su gobierno impulsó las reformas administrativas conocidas como “Reformas Toledanas”, reorganizó el sistema de reducciones indígenas, fortaleció la Real Hacienda, reformó la administración de justicia y consolidó la autoridad virreinal sobre el territorio andino.

[3] Pedro Sarmiento de Gamboa (c. 1530-1592) fue una de las figuras más polifacéticas del Renacimiento hispánico. Además de marino y militar, dominaba la astronomía, las matemáticas, la cosmografía, la cartografía y varias lenguas clásicas, desempeñándose como cosmógrafo del Virreinato del Perú. También fue autor de la Historia Índica (1572), elaborada por encargo del virrey Francisco de Toledo a partir del testimonio de curacas y amautas, considerada una de las principales fuentes para el estudio del incario desde la perspectiva de la administración colonial. Su trayectoria refleja el modelo del funcionario-letrado de la Monarquía Hispánica, en quien la producción de conocimiento científico, la escritura y el servicio político constituían actividades inseparables

[4] Willem Cornelisz Schouten (c. 1567-1625) fue un experimentado navegante neerlandés oriundo de Hoorn, con amplia trayectoria en las rutas de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales (VOC), mientras que Jacob Le Maire (c. 1585-1616) era hijo del poderoso comerciante Isaac Le Maire, uno de los principales accionistas y posteriormente uno de los más severos opositores al monopolio comercial de la VOC. La expedición emprendida entre 1615 y 1616 no respondió únicamente a un interés científico o exploratorio, sino también a la necesidad de encontrar una ruta alternativa hacia las Molucas que eludiera el monopolio que la VOC ejercía sobre el estrecho de Magallanes y el cabo de Buena Esperanza. Tras descubrir el estrecho que hoy lleva el nombre de Le Maire y doblar por primera vez el cabo de Hornos, ambos exploradores fueron detenidos en Batavia por las autoridades de la VOC, que confiscaron el Eendracht por considerar que la expedición había vulnerado sus privilegios comerciales. Jacob Le Maire falleció durante el viaje de regreso a Europa, el 22 de diciembre de 1616, sin ver reconocido plenamente el alcance de su descubrimiento, mientras que Schouten logró publicar en 1618 el diario de la expedición, obra que alcanzó una rápida difusión en Europa y contribuyó decisivamente a incorporar el nuevo paso austral a la cartografía y a la navegación oceánica del siglo XVII.

[5] Los hermanos Bartolomé y Gonzalo García de Nodal pertenecían a la generación de oficiales navales que consolidó la profesionalización de la navegación española durante el reinado de Felipe III. A diferencia de muchas expediciones del siglo XVI, integradas por pilotos particulares o adelantados, la misión de 1618 fue organizada íntegramente por la Corona con la intervención de la Casa de la Contratación de Sevilla y del cosmógrafo mayor Diego Ramírez de Arellano, constituyendo una de las primeras expediciones científicas de Estado orientadas a verificar información hidrográfica obtenida por una potencia rival. La precisión de sus observaciones astronómicas permitió corregir numerosos errores presentes en la cartografía europea del extremo austral y convirtió su viaje en un modelo para las posteriores expediciones hidrográficas españolas del siglo XVIII

[6] Desde la perspectiva revisionista, las reformas borbónicas significaron un fortalecimiento del centralismo administrativo y de la orientación mercantil de la política imperial, subordinando crecientemente la economía americana a los intereses metropolitanos y favoreciendo la penetración comercial británica. En ese sentido, José María Rosa identifica el Reglamento de Libre Comercio de 1778 como una etapa del proceso de desarticulación de la economía hispanoamericana, iniciado tras el Tratado de Utrecht (Rosa, 1967).

[7] En el derecho público de la Monarquía Hispánica, el Reino de Chile constituía un reino de Indias integrado a la Corona de Castilla, dotado de personalidad político-administrativa propia dentro de la estructura compuesta de la Monarquía. Desde el punto de vista gubernativo y militar dependía del Virreinato del Perú, aunque conservaba instituciones privativas, como la Real Audiencia de Santiago (reinstalada en 1609) y la Capitanía General de Chile, cuyo gobernador ejercía simultáneamente el cargo de capitán general debido al carácter fronterizo del territorio y a la guerra de Arauco. La creación del Virreinato del Río de la Plata por Real Cédula de 1.º de agosto de 1776 no modificó esta dependencia: Chile continuó subordinado al virrey del Perú hasta la reorganización administrativa de fines del período colonial, si bien algunas materias específicas relativas a la Patagonia oriental y a los establecimientos atlánticos pasaron a coordinarse con las nuevas autoridades rioplatenses. Véase Barros Arana (1884–1902) y Dougnac Rodríguez (1994).

[8]Ramón (Lamamye de) Clairac y Villalonga (Torredembarra, 1748–Ferrol, 11 de agosto de 1814) fue brigadier de la Real Armada y uno de los principales oficiales navales destinados al Virreinato del Río de la Plata durante el reinado de Carlos III. Ingresó en la Real Compañía de Guardias Marinas en 1759 y desarrolló una extensa carrera en la Armada española, participando, entre otras operaciones, en el bloqueo de Gibraltar y sirviendo desde 1783 en el Apostadero Naval de Montevideo. Entre 1785 y 1790 ejerció en tres oportunidades el gobierno de las Islas Malvinas, desde donde impulsó el reconocimiento hidrográfico del archipiélago y dirigió en 1789 una expedición a la costa patagónica al mando de la corbeta Santa Elena y de los bergantines Belén y Carmen. La misión tenía por objeto levantar planos de la región, inspeccionar la presencia de embarcaciones extranjeras dedicadas a la caza de lobos marinos y ballenas, verificar posibles asentamientos británicos, reconocer puertos y fondeaderos, localizar la denominada isla Pepys y reunir información estratégica sobre el litoral austral. Durante esa campaña inspeccionó y desalojó establecimientos utilizados por balleneros británicos en Puerto Deseado, ordenando la destrucción de las instalaciones halladas tras la retirada de sus ocupantes. Los informes elevados por Clairac al virrey Nicolás de Arredondo, particularmente aquellos relativos a la supuesta colonia denominada Nueva Irlanda en la Isla de los Estados, constituyen una de las principales evidencias documentales de la política española de vigilancia y reconocimiento del Atlántico Sur a fines del siglo XVIII. Ascendido a capitán de navío en 1789 y posteriormente a brigadier en 1809, concluyó su carrera organizando las defensas de Ferrol durante la Guerra de la Independencia española, falleciendo en esa ciudad en 1814 tras más de cincuenta años de servicio en la Real Armada.

[9] La expresión “Nueva Irlanda” no tuvo origen en la cartografía oficial británica ni en una denominación colonial reconocida por la Corona británica, sino que proviene de la documentación administrativa española producida entre 1788 y 1795. Su primera aparición conocida se encuentra en los informes del gobernador de las Islas Malvinas, Ramón de Clairac y Villalonga, quien recogió declaraciones de capitanes británicos y estadounidenses acerca de un supuesto establecimiento inglés situado en las inmediaciones del cabo de Hornos, posteriormente reproducidas en la correspondencia del virrey Nicolás de Arredondo y en las instrucciones impartidas a las expediciones de reconocimiento dirigidas por Juan José de Elizalde y Uztáriz. La historiografía británica especializada sobre el Atlántico Sur y las Islas Malvinas —representada, entre otros, por Barry Gough, Peter Beck, Mary Cawkell, David Tatham y Graham Pascoe— no registra la existencia de una colonia oficial denominada New Ireland en la Isla de los Estados ni en otro punto del extremo austral americano, circunstancia que ha llevado a considerar “Nueva Irlanda” como una denominación surgida del sistema de inteligencia e información de la administración española para referirse a un presunto establecimiento británico cuya existencia material nunca pudo ser comprobada documentalmente. En consecuencia, desde una perspectiva historiográfica, el término designa más un problema de percepción estratégica y vigilancia imperial que una ocupación británica efectivamente acreditada.

[10] Nicolás Antonio de Arredondo y Pelegrín (Bárcena de Cicero, Cantabria, 17 de abril de 1726-Madrid, 4 de abril de 1802) fue teniente general de los Reales Ejércitos y IV virrey del Río de la Plata entre 1789 y 1795, designado por Carlos IV para suceder a Nicolás del Campo, marqués de Loreto. Militar de carrera formado en el reformismo borbónico, su gobierno se caracterizó por el fortalecimiento de la administración virreinal, la reorganización de las defensas del litoral atlántico y de Montevideo, el impulso al Real Consulado de Buenos Aires (1794) y la intensificación de la vigilancia sobre los espacios australes, especialmente las Islas Malvinas, la Patagonia y Tierra del Fuego, en el contexto de la crisis internacional derivada del conflicto de Nootka (1789-1790). Bajo su administración se instruyeron los expedientes relativos al supuesto establecimiento británico denominado Nueva Irlanda en la Isla de los Estados, integrando esa información a la correspondencia oficial remitida a la Corte para evaluar la situación estratégica del Atlántico Sur. Tras concluir su mandato regresó a España, donde fue nombrado capitán general de Valencia y presidente de su Real Audiencia.

[11] A fines del siglo XVIII, las islas de Cabo Verde constituían un archipiélago bajo soberanía de la Corona portuguesa, integrado en su sistema imperial atlántico y administrado desde la isla de Santiago, cuya sede gubernativa había sido trasladada de Ribeira Grande a Praia en 1770. Su relevancia derivaba principalmente de su posición frente a la costa occidental africana, sobre las rutas que comunicaban Europa con África, Brasil, el Caribe y los mares meridionales, lo que convertía sus puertos en lugares de escala, aguada, aprovisionamiento, reparación e intercambio de información marítima. La presencia británica no implicaba jurisdicción territorial sobre las islas, sino la actuación prolongada de comerciantes, contrabandistas, corsarios y tripulaciones que procuraban acceder a productos locales, abastecer embarcaciones y obtener noticias sobre las rutas atlánticas y el comercio de la costa de Guinea. Durante el siglo XVIII, esas redes comerciales británicas adquirieron incidencia sobre la economía y la seguridad del archipiélago, mientras buques armados ingleses navegaron ocasionalmente en sus aguas para proteger intereses mercantiles y vigilar las rutas marítimas. Por ello, la referencia a una embarcación observada en Cabo Verde con supuesto destino a la Isla de los Estados resulta geográficamente verosímil como circulación de una noticia recogida en un nodo portuario internacional, pero no demuestra por sí misma la existencia de una operación oficial británica ni de una colonia denominada “Nueva Irlanda” (Paquette, 2013, pp. 17–83)

[12] Chokepoint (literalmente, “punto de estrangulamiento” o “paso obligado”) es un concepto de la geopolítica y de la estrategia naval contemporáneas que designa aquellos estrechos, canales o pasos marítimos cuya configuración geográfica permite a quien los controla influir de manera desproporcionada sobre las comunicaciones, el comercio y el despliegue de fuerzas navales. Su importancia no deriva de la extensión del territorio circundante ni de la existencia de recursos naturales, sino de la capacidad para concentrar o condicionar los flujos marítimos internacionales. Aunque el término no formaba parte del vocabulario político del siglo XVIII, resulta metodológicamente útil para interpretar la función desempeñada por espacios como el estrecho de Le Maire, el estrecho de Magallanes o el cabo de Hornos dentro de la estrategia marítima de las potencias imperiales, siempre que se utilice como una categoría analítica contemporánea y no como un concepto histórico empleado por los actores de la época (Gray, 1999; Kaplan, 2012; Till, 2018).

[13] Esteban José Martínez Fernández y Martínez de la Sierra (Sevilla, 1742-Sevilla, 1798) fue oficial de la Real Armada y uno de los principales ejecutores de la política borbónica de afirmación de la soberanía española en el Pacífico septentrional. Tras servir en diversas campañas navales y expediciones de reconocimiento en América, fue designado comandante del establecimiento español en Nootka Sound (actual Columbia Británica), donde, por orden del virrey de Nueva España Manuel Antonio Flórez, tomó posesión formal del puerto el 5 de mayo de 1789 y, pocos días después, apresó las embarcaciones británicas Argonaut, al mando de James Colnett, Princess Royal y North West America, al considerar que realizaban actividades comerciales y preparaban un establecimiento permanente en un territorio cuya jurisdicción España reputaba comprendida dentro de sus dominios. Aquellas actuaciones desencadenaron la denominada Crisis de Nootka (1789-1790), una de las controversias diplomáticas más significativas del derecho de gentes de fines del siglo XVIII, que culminó con la Primera Convención de Nootka o Tratado de San Lorenzo de El Escorial (1790). La actuación de Martínez refleja la política sostenida por la Monarquía Hispánica de ejercer actos positivos de jurisdicción mediante ocupación, administración y exclusión de terceros sobre territorios considerados integrantes de su soberanía (Cook, 1973; Manning, 1905).

[14] Emer (o Emerich) de Vattel (Couvet, Principado de Neuchâtel, 1714-1767) fue un jurista, diplomático y filósofo cuya obra Le Droit des gens ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains (1758) marcó un punto de inflexión en la evolución del derecho internacional moderno. A diferencia de Hugo Grocio o Samuel Pufendorf, Vattel desplazó el fundamento del derecho de gentes desde la comunidad cristiana europea hacia la igualdad jurídica de los Estados soberanos, entendidos como personas morales independientes. Su influencia fue extraordinaria en la práctica diplomática del siglo XVIII y comienzos del XIX: la obra fue utilizada por las cancillerías borbónicas, citada durante las negociaciones de la independencia de los Estados Unidos y empleada como autoridad doctrinal en numerosos arbitrajes internacionales del siglo XIX. Para Vattel, la soberanía no descansaba exclusivamente en la ocupación material del territorio, sino también en el ejercicio continuo de las funciones propias del gobierno —administrar, proteger, regular y excluir la injerencia de terceros—, principio que resulta particularmente útil para interpretar la práctica española sobre los espacios australes en las postrimerías del período colonial (Vattel, 1758/2008; Hunter, 2010; Nakhimovsky, 2017).

[15] La actuación de William Pitt el Joven debe entenderse en el marco de una transformación del imperialismo británico: después de 1783, Londres tendió a privilegiar el dominio de las rutas marítimas antes que la mera acumulación de territorios. En ese contexto, los establecimientos navales, las estaciones de aprovisionamiento, los reconocimientos hidrográficos y las colonias de apoyo adquirieron una importancia equivalente a las plazas fortificadas tradicionales, circunstancia que explica el interés británico por enclaves como Nutka, las Malvinas y los accesos australes al Pacífico (Black, 1992; Rodger, 2004).

[16] Juan José de Elizalde y Uztáriz fue oficial de la Real Armada Española, con el grado de teniente de navío, y desempeñó en dos oportunidades el cargo de comandante gobernador de las Islas Malvinas en Puerto de la Soledad. Asumió el gobierno el 30 de junio de 1790, sucediendo a Ramón de Clairac y Villalonga, y, por orden del virrey Nicolás de Arredondo, dirigió entre diciembre de 1791 y febrero de 1792 la expedición hidrográfica realizada a bordo de la corbeta San Pío para reconocer la costa patagónica, Tierra del Fuego, el estrecho de Le Maire y la Isla de los Estados, con el doble propósito de perfeccionar la cartografía de la región y verificar las noticias sobre una eventual presencia británica en el extremo austral. Finalizada la comisión, retomó el gobierno de las Malvinas entre 1792 y 1793, consolidando la vigilancia española sobre el archipiélago y sus espacios marítimos circundantes. Su diario de navegación constituye una de las fuentes primarias más relevantes para el estudio del litoral fueguino a fines del siglo XVIII.

[17] Nueva Gales del Sur (New South Wales) fue la primera colonia británica permanente establecida en Australia. Su creación respondió a la decisión del gobierno de Jorge III de reemplazar el envío de condenados a las colonias norteamericanas, interrumpido tras la independencia de los Estados Unidos. La colonia fue fundada el 26 de enero de 1788 con el arribo de la First Fleet a Port Jackson, bajo el mando del capitán Arthur Phillip, quien asumió como primer gobernador. La expedición estuvo integrada por once embarcaciones —dos navíos de guerra, tres buques de aprovisionamiento y seis transportes de convictos— y trasladó aproximadamente 1.420 personas, entre marinos, infantes de marina, funcionarios, colonos libres, mujeres, niños y alrededor de 775 condenados destinados a constituir el nuevo establecimiento penal británico en el Pacífico Sur (Frost, 2011, pp. 153–176; HRA, 1914, vol. I).

Juan Facundo Besson
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