Cada 16 de julio, aniversario del nacimiento del Vicealmirante Segundo R. Storni, Argentina tendría motivos más que suficientes para celebrar el “Día de los Intereses Argentinos en el Mar”. Sin embargo, más allá del gesto simbólico, lo cierto es que la vigencia de su legado —especialmente su obra de 1916 Intereses Argentinos en el Mar— parece más un recordatorio incómodo que una inspiración real para la agenda nacional. Storni, jefe del Estado Mayor General de la Armada y ministro de Relaciones Exteriores durante la Revolución del 43, propuso hace más de un siglo una visión clara y contundente: la soberanía y el desarrollo económico argentino dependen de una Armada fuerte, una marina mercante propia y el desarrollo industrial naval, pilares que deberían sustentar un poder marítimo nacional integral. Su pensamiento abarcaba no solo la defensa militar, sino también la explotación sustentable de los recursos marinos y la protección ambiental, anticipándose a problemáticas que hoy parecen relegadas a un segundo plano en la práctica política.
Con una superficie marítima que alcanza los 6.683.000 km² —más del 52 % del territorio nacional—, Argentina se presenta como un país bicontinental y con una proyección marítima estratégica, abarcando desde el extenso litoral atlántico de 4.725 km hasta las costas antárticas e insulares, que suman otros 11.235 km, conectando con pasajes bioceánicos clave como el Estrecho de Magallanes y el Canal de Beagle. Esta vasta zona marítima, que incluye mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental extendida, alberga recursos pesqueros, energéticos y minerales esenciales para el desarrollo nacional. Además, más del 90 % del comercio exterior argentino depende de estas vías marítimas, sobre las cuales el Estado asume la responsabilidad de seguridad y fiscalización en un área de rescate que cubre más de 16 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, esta enorme riqueza y potencial geopolítico conviven con la paradoja de una Argentina que ha ido perdiendo capacidad naval, industria mercante y autonomía tecnológica, en una evidente subordinación a intereses externos que se traduce en la explotación ilegal de recursos en el Atlántico Sur y una proyección marítima debilitada.
La Armada, desde las pioneras conferencias de Storni en 1916, sostiene la urgencia de recuperar un poder marítimo soberano basado en el desarrollo nacional, la marina mercante y la defensa integral de los intereses marítimos, tarea que la iniciativa Pampa Azul intenta retomar mediante la ciencia y la tecnología. No es poca cosa: mientras el mundo enfrenta desafíos globales como el cambio climático, la sobreexplotación y la creciente militarización de espacios estratégicos, Argentina sigue debatiéndose entre la retórica y la acción. Storni comprendió con claridad que la independencia real no se obtiene solo con declaraciones, sino con la capacidad efectiva de dominar sus espacios marítimos y desarrollar un poder naval que asegure tanto el comercio como la defensa. Su advertencia sobre la dependencia de flotas extranjeras para la exportación agropecuaria sigue siendo dolorosamente vigente, y su idea de “insularidad argentina” —una nación rodeada de mar y por ello vulnerable— debería ser la llamada de atención para quienes aún no entienden que el mar no es un recurso más, sino la frontera decisiva de la soberanía nacional. Quizás, más que celebrar, habría que preguntarse si el país está dispuesto a abandonar la comodidad de la postergación y asumir con seriedad el desafío marítimo que Storni puso sobre la mesa hace más de cien años.
Esa visión encontró eco en la política marítima desarrollada durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, cuando en 1946 Argentina proclamó su soberanía sobre la plataforma submarina mediante el Decreto 14.708/46. Con esta decisión, la Nación se adelantó a los desarrollos posteriores del derecho internacional del mar, consolidando su jurisdicción sobre los recursos del subsuelo marino y sentando las bases de una política antártica que, a través del Decreto 8.944/46, incorporó los archipiélagos del Atlántico Sur y el sector antártico como parte integral del territorio argentino. Fue entonces cuando se consolidó la visión bicontinental del país, una perspectiva que hoy sigue siendo estratégicamente indispensable frente a las disputas en el Atlántico Sur. Sin embargo, este impulso estratégico se fue desvaneciendo con las décadas, como si la Argentina hubiera decidido, por comodidad o ceguera, resignarse a ser espectadora en su propio mar. La desinversión crónica en la marina mercante, la destrucción deliberada de la industria naval, la entrega de la flota pesquera nacional y la privatización de las vías navegables interiores —como la Hidrovía Paraguay-Paraná— terminaron por erosionar cualquier capacidad de ejercer soberanía efectiva sobre los espacios marítimos. Mientras tanto, la ocupación británica de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur consolidó un enclave colonial desde donde Londres reparte licencias de pesca, explora hidrocarburos y mantiene una base militar que extiende el puño de la OTAN hasta el corazón del Atlántico Sur y la Antártida. Es en este contexto que vale rescatar la figura del general Juan Enrique Guglialmelli, quien, a contramano de muchos de sus pares más inclinados a rendir pleitesía a las potencias anglosajonas, elaboró una estrategia de desarrollo y seguridad nacional con visión geopolítica. En la revista Estrategia y en el Instituto que fundó, desplegó un pensamiento que hoy parece casi subversivo: el desarrollo como esencia de la seguridad nacional y las Fuerzas Armadas como actor central en la construcción de una Nación soberana. Qué ironía que en un país con 6,7 millones de km² de espacios marítimos, los discursos sobre soberanía suelen naufragar en las aguas tranquilas de la complacencia con el statu quo británico y atlántico.
No sorprende, entonces, que este repliegue interno encuentre su justificación en un derecho internacional que, aunque se presenta como neutral y universal, nació moldeado por los intereses de las grandes potencias marítimas, especialmente Inglaterra. Desde el siglo XVII, con la Ley de Almirantazgo británica y la política naval de Oliver Cromwell, se construyó un orden jurídico pensado para proteger y expandir la hegemonía naval inglesa, una lógica que todavía hoy se refleja en tratados y prácticas internacionales. La doctrina del mare liberum (mar libre), que en apariencia favorecía la libertad de navegación, permitió durante siglos que el Reino Unido y luego otras potencias circularan y comerciaran sin restricciones, mientras que los intentos de Argentina de establecer un mare clausum (mar cerrado) sobre sus aguas para proteger sus recursos han sido sistemáticamente desafiados. Incluso la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que significó un avance al reconocer zonas económicas exclusivas y la plataforma continental, no ha logrado evitar la depredación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur ni la militarización de espacios en disputa como las Islas Malvinas donde el Reino Unido mantiene una base que proyecta su influencia sobre vastas áreas marítimas argentinas, en abierta contradicción con los principios de descolonización y soberanía territorial consagrados por la Resolución 1514 (XV) y la obligación de negociar establecida por la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En este contexto, no deja de ser curioso —y por momentos irritante— cómo ciertos sectores políticos locales, con la mirada fija en Londres y la bendición tácita de la OTAN, insisten en vendernos la fantasía de un Atlántico Sur pacífico y neutral, mientras los calamares se exportan con los permisos otorgados por los kelpers y las flotas extranjeras saquean nuestros mares sin siquiera disimular. Esta complacencia disfrazada de pragmatismo ha convertido al país en mero espectador de su propio litoral marítimo, cuando debería ser protagonista. Romper con esta inercia exige más que indignación ocasional o retórica diplomática; demanda una estrategia que entienda el Atlántico Sur como un espacio de disputa geopolítica y de construcción soberana.
Argentina no podrá revertir esta situación en soledad, por lo que es fundamental consolidar una política marítima sudamericana que articule intereses con Brasil, Chile y otros países ribereños del Atlántico y Pacífico para proteger corredores bioceánicos y defender recursos frente a la depredación extranjera. Sin embargo, esta necesaria proyección se ve socavada por la desregulación de la marina mercante a través del Decreto 340/2025, que permite operar buques y contratar tripulaciones extranjeras aun cuando hay personal argentino disponible. Esta medida representa una cesión de soberanía que amenaza con repetir errores del pasado: desaparición de la flota mercante, precarización laboral, debilitamiento industrial y riesgos ambientales crecientes.
Por ello, la defensa debe pensarse no sólo como función militar, sino como herramienta disuasiva integral que garantice soberanía efectiva en el Atlántico Sur y la Antártida, impulsando la revitalización de industrias vinculadas a la defensa y tecnología estratégica, dejando atrás la dependencia de potencias atlánticas que sostienen el statu quo colonial y nos convierten en peones del juego geopolítico con China. El Canal Magdalena y el control estatal sobre la Hidrovía deben ser prioridades, al igual que la reconstrucción de la marina mercante, la reactivación industrial, el fortalecimiento científico-tecnológico y una política exterior firme que cuestione la legitimidad del enclave británico. Como señaló Storni, “toda inversión en el mar no es un gasto sino un seguro para la riqueza y la soberanía de la Nación”. En un mundo donde los océanos son cada vez más codiciados, Argentina no puede seguir de espaldas al mar: su condición bicontinental y su proyección como potencia marítima regional son una necesidad impostergable para garantizar su supervivencia soberana en el siglo XXI.
Fuentes
Argentina. (1946, 11 de octubre). Decreto Nº 14.708/46 (Boletín Oficial, 05/12/1946). Recuperado de dipublico.org
Argentina. (2003, 8 de enero). Ley N.º 25.860: Declara el 16 de julio como “Día de los Intereses Argentinos en el Mar”. Boletín Oficial.
Di Renzo, C. A. (2020). Geopolítica, desarrollo económico y política exterior: Juan Enrique Guglialmelli y su proyecto de nación en la revista Estrategia, 1969‑1983. Folia Histórica del Nordeste, (36), 175–202.
Guglialmelli, J. E. (1976). ¿Argentina insular o peninsular? Estrategia: Revista del Instituto Sudamericano de Relaciones Internacionales, (40–41), 5–18.
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (2022, 16 de julio). Día de los Intereses Argentinos en el Mar. Recuperado de Cancillería.gob.ar
Storni, S. R. (1916). Intereses argentinos en el mar. La Prensa; Instituto de Publicaciones Navales (3ª ed., 1967).
Tripolone, Gerardo, “Segundo Storni, el mar y la desespacialización de la política”, Geopolítica(s), Universidad Complutense de Madrid, julio 2015.