«Por la presente se os autoriza y ordena emplear vuestros mejores esfuerzos para desembarcar vuestras tropas en los territorios, dominios y lugares pertenecientes a, poseídos por o reclamados por los españoles en América; sorprender sus fuertes, tomar o abatir sus castillos y plazas de defensa, y perseguir, matar y destruir por todos los medios posibles a cuantos se opongan o resistan.» — Instrucciones del gobierno de Oliver Cromwell al general Robert Venables, en el marco del Western Design (Designio Occidental), 1654–1655.
No llegó con banderas ni con ejércitos, sino con cuadernos, escuadras y una calma británica que disimulaba mejor que cualquier uniforme: John Narborough asoma en el extremo austral cuando el mundo todavía se estaba dibujando y cuando Inglaterra, sin imperio declarado, ya pensaba como potencia. Este texto, que abre el recorrido de Cartografías de la invasión permanente: La Pérfida Albión y los episodios de injerencia y resistencia en nuestra Historia, lee su expedición no como aventura marítima sino como ensayo temprano de una dominación paciente, hecha de mapas, bitácoras y relatos antes que de cañones. Entre la reacción tardía del imperio español y la meticulosidad británica, la Patagonia y el estrecho de Magallanes aparecen como escenarios inaugurales de una lógica colonial moderna que enseña una lección incómoda y vigente: la soberanía no se pierde de golpe, se desliza en silencio, y sólo una memoria crítica y desconfiada puede volver a disputarla.
A mediados del siglo XVII, el Imperio español en Sudamérica vivía en un estado de alerta permanente que no siempre se traducía en acción efectiva. Mientras la Corona proclamaba soberanías que se extendían sobre mapas más vastos que sus capacidades reales, los mares australes se convertían en un tablero donde ingleses y holandeses jugaban con audacia y pragmatismo. Desde Londres llegaban a Madrid informes reiterados sobre eventuales ataques al Mar del Sur, con especial atención sobre Chile, ese “antermural” del virreinato del Perú que valía más por lo que protegía que por lo que producía. La paradoja era evidente: se temía por un territorio que, salvo la plaza fuerte de Valdivia —refundada recién en 1645— y la provincia de Chiloé, carecía de una presencia estatal sostenida y eficaz.
Ese vacío administrativo y militar no suponía, en modo alguno, una ausencia de vida social ni de estructuras de poder. Valdivia y Chiloé se encontraban habitadas mayoritariamente por pueblos huilliches y de la Araucanía, cuyas formas de organización política y territorial no estaban incorporadas a la jurisdicción efectiva de la Corona española, aunque sí eran conocidas, negociadas y, en ocasiones, reconocidas por las autoridades coloniales. Desde la perspectiva europea del siglo XVII, estos grupos podían constituir aliados circunstanciales de potencias rivales que comprendieran mejor la dinámica local y supieran insertarse en ella con mayor flexibilidad que la administración metropolitana (Urbina Carrasco, 2014). Los huilliches, la “gente del sur”, ocupaban el territorio comprendido entre el río Toltén y Chiloé y mantuvieron una resistencia persistente a la expansión colonial hasta fines del siglo XVIII, combinando confrontación armada, negociación y adaptación. Los mapuches —denominados “araucanos” en la documentación colonial— se extendían desde el río Aconcagua hacia el sur y sostuvieron durante décadas la Guerra de Arauco, articulando prácticas agrícolas y ganaderas con una organización militar eficaz, lo que obligó a la Corona a reconocer, de facto, la imposibilidad de una dominación plena y continua.
Más al sur, los chonos y los kawéskar habitaban los archipiélagos y canales australes; los primeros se integraron progresivamente a la sociedad chilota a lo largo del siglo XVIII, mientras que los segundos vieron transformado su modo de vida con la expansión de las rutas comerciales y marítimas en el siglo XIX. Este entramado sociopolítico, lejos de ser un espacio vacío o caótico, configuraba una frontera dinámica y compleja que, precisamente por su relativa apertura y por los límites materiales del control imperial, resultaba permeable y atractiva para incursiones inglesas interesadas no solo en el saqueo, sino también en el establecimiento de bases, redes comerciales y en la captación de flujos de metales preciosos asociados a los circuitos transatlánticos y transpacíficos.
La alarma española se intensificó tras las expediciones de Francis Drake (1578–1580) y Thomas Cavendish (1586–1588). Estos navegantes demostraron, con hechos más que con discursos, que el monopolio español sobre las Indias Occidentales era una ficción jurídica sostenida por bulas, tratados y una fe excesiva en la distancia. La bula de 1493 y el Tratado de Tordesillas podían ordenar el mundo en pergaminos, pero no impedían que corsarios bien armados cruzaran océanos y pusieran en jaque la soberanía fundada en la “primera toma de posesión”. El problema no era doctrinario: era material. La Corona de Castilla simplemente no podía ocupar ni defender todo lo que decía poseer.
Holanda y Francia, por su parte, operaban bajo el principio de la libre navegación, trasladando a América los conflictos europeos con notable coherencia estratégica. En ese marco, los viajes de Drake y Cavendish fueron algo más que piratería: eran exploraciones armadas, ensayos generales de futuras ofensivas. En tiempos de guerra atacaban; en tiempos de paz observaban, medían y proyectaban. El cruce interoceánico de Drake en 1578 abrió una herida duradera en la defensa española del Pacífico y convirtió al sur americano en una preocupación permanente.
La respuesta española fue tan tardía como errática. En 1584 se intentó fundar dos ciudades en la región austral mediante una flota enviada desde la metrópoli. El fracaso fue absoluto y dejó el confín meridional librado a una peligrosa mezcla de abandono y autosugestión: se confiaba en que tormentas, frío y lejanía disuadirían a los “enemigos de la corona”. Pero la geografía nunca fue un argumento sólido frente al oro del Perú. Ingleses y holandeses continuaron los saqueos en las costas del Pacífico sudamericano, incluido el reino de Chile.
En la lógica imperial, se creía que cualquier ataque serio al Perú comenzaría por la ocupación de un enclave austral, desde donde los ingleses podrían articular alianzas con los indígenas locales. Valdivia —ocupada brevemente por los holandeses en 1643— y Chiloé —atacada en 1600 y 1643— aparecían como puntos débiles. Incluso el Estrecho de Magallanes y el cabo de Hornos, más por su simbolismo que por su utilidad inmediata, eran vistos como escenarios posibles de instalación enemiga.
La historiografía ha registrado con detalle estos temores, las fortificaciones levantadas y las alarmas recurrentes. Espías españoles en Londres advertían sobre naves listas para “infestar” el Mar del Sur, avisos que muchas veces resultaban infundados. Francia y Holanda generaban alertas similares. A ello se sumaban rumores locales sobre “velas sospechosas” o relatos indígenas sobre naufragios. Todo alimentaba una sensación de amenaza constante, más eficaz para producir miedo que políticas coherentes.
Este circuito de información revela una monarquía que funcionaba menos como un centro racional y más como una red nerviosa, reaccionando espasmódicamente ante señales externas. Territorios como Chiloé o la Patagonia Occidental sólo adquirieron valor estratégico cuando los “enemigos de la Corona” posaron sobre ellos su mirada. El “recelo de ingleses” transformó zonas marginales en piezas geopolíticas, no por sus virtudes intrínsecas, sino por el temor a perderlas.
Finalmente, el viaje de Drake dejó una marca cultural profunda. Su circunnavegación, al igual que la de Magallanes-Elcano, alimentó el imaginario europeo con mitos funcionales al poder. Drake fue elevado de corsario a caballero por Isabel I y convertido en héroe nacional mediante relatos cuidadosamente expurgados de violencia, reescritos por su sobrino y puestos al servicio de la propaganda. Así, la historia de los viajes se volvió un campo de batalla simbólico.
En ese mismo registro se construyó una antropología fantástica de los patagones, descritos como gigantes. Aunque algunos testimonios ofrecían mediciones más realistas, la disputa ideológica entre la España católica y la Inglaterra protestante contaminó las descripciones. Estos relatos, distorsionados pero persistentes, se convirtieron en las primeras referencias sobre los tehuelches, un pueblo cuya forma de vida sería erosionada por la llegada mapuche hasta desaparecer casi por completo de los relatos del siglo XVIII. Como tantas veces, la fantasía imperial sobrevivió mejor que los pueblos reales que decía describir.
II. Proyectos estratégicos y comercio ultramarino: Reino Unido frente al Imperio español en el siglo XVII
A mediados del siglo XVII, individuos como Simón de Cáceres, judío sefardita residente en Ámsterdam y radicado en Londres, presentaron al lord protector Oliver Cromwell planes para la ocupación de Valdivia, utilizando como base la isla de Mocha. Según este proyecto, Inglaterra podría apoderarse de los fuertes y de las alianzas con grupos indígenas locales[1] para asegurar el control del Mar del Sur y de los valiosos cargamentos que transitaban hacia Panamá y Filipinas (Böhm, 1980). La propuesta, ambiciosa en extremo, chocaba con la realidad de la resistencia española y el limitado alcance naval y logístico de británico, que, a pesar de su eficiencia interna, aún debía consolidarse frente a imperios rivales. Sin embargo, más allá del fracaso específico de esta iniciativa, el interés inglés por el Pacífico sur estaba ya ligado a la visión estratégica que Cromwell imprimió a la política exterior británica: asegurar rutas comerciales y dominar el transporte marítimo a través de leyes y regulaciones que favorecieran sus intereses mercantiles.
En el marco de lo que se conoció como la Commonwealth de Inglaterra, instaurada tras la ejecución de Carlos I en 1649 y concebida como una república parlamentaria que abolía la monarquía y la Cámara de los Lores, Oliver Cromwell no se limitó a ejercer como jefe militar ni como líder político provisional. Bajo su mando, la Commonwealth se transformó en una estructura de poder centralizado que pretendía consolidar un nuevo orden político y económico, apoyado en una concepción mercantilista del comercio y en el uso sistemático de la fuerza naval. Cromwell entendió que el éxito de esta república dependía no solo de la estabilidad interna, sino también del control de las rutas marítimas y del comercio transatlántico, claves en una Europa que disputaba la hegemonía económica en el Atlántico y el Caribe.
En este contexto, las primeras medidas legislativas dirigidas a ordenar el comercio colonial fueron el An Act for prohibiting Trade with the Barbadoes, Virginia, Bermuda and Antego (1650) y el Navigation Act de 1651. El primero, promulgado el 30 de octubre de 1650, tuvo un carácter eminentemente político y punitivo. Su objetivo fue sancionar a las colonias americanas y caribeñas que habían permanecido leales a la monarquía durante la Guerra Civil. El texto acusaba explícitamente a Barbados, Virginia, Bermuda y Antigua de haber cometido “divers acts of Rebellion … usurped a Power of Government … and set up themselves in opposition to … this State and Commonwealth” (“diversos actos de rebelión … usurpado un poder de gobierno … y erigido su autoridad en oposición a … este Estado y Mancomunidad”) (Parliament of England, 1650/2023). La norma prohibía todo comercio con dichas colonias y autorizaba la captura de cualquier navío que intentara comerciar con ellas. Se trataba, en esencia, de un acto de guerra económica y de control político sobre territorios coloniales disidentes, que revelaba el esfuerzo de Cromwell por imponer la supremacía de la Commonwealth en ultramar.
El paso siguiente fue más ambicioso y estructural: el Navigation Act del 9 de octubre de 1651, titulado oficialmente An Act for increase of Shipping, and Encouragement of the Navigation of this Nation. Su propósito se expresaba de forma explícita: “for the increase of the shipping and the encouragement of the navigation of this nation, which under the good providence and protection of God is so great a means of the welfare and safety of this Commonwealth” (“para el incremento de la marina y el estímulo de la navegación de esta nación, que bajo la providencia y protección de Dios constituye un gran medio para el bienestar y la seguridad de esta Mancomunidad”) (Navigation Act, 1651/2023). La ley estipulaba que ninguna mercancía proveniente de Asia, África o América podía ser importada a Inglaterra o a sus dominios salvo en barcos de pabellón inglés, cuyo capitán y al menos tres cuartas partes de la tripulación fueran súbditos de la Commonwealth[2]. Del mismo modo, las mercancías europeas sólo podían ser transportadas directamente en naves del país productor o en embarcaciones inglesas. La medida golpeaba de lleno a los Países Bajos, cuyo sistema mercantil se había erigido en el principal redistribuidor de bienes coloniales en Europa durante la primera mitad del siglo XVII (Wilson, 1969).
En su conjunto, estas leyes de navegación combinaban fines políticos y económicos. Buscaban, por un lado, garantizar la lealtad de las colonias, castigando la disidencia y asegurando la subordinación al nuevo régimen republicano; y, por otro, desplazar a Holanda de las principales rutas internacionales, favoreciendo así el renacimiento de la marina mercante inglesa tras el estancamiento sufrido en la Guerra de los Ochenta Años. Detrás de estas disposiciones se encontraba la lógica mercantilista: la riqueza de un Estado dependía de controlar el flujo de mercancías y metales preciosos, y de restringir la intermediación extranjera. Como señala la propia ley de 1651, “The act banned foreign ships from transporting goods from Asia, Africa or America to England or its colonies” (“la ley prohibió que barcos extranjeros transportaran mercancías de Asia, África o América hacia Inglaterra o sus colonias”) (Navigation Act, 1651/2023).
La aplicación de estas medidas descansó en instituciones reforzadas. Cromwell consolidó el Almirantazgo como órgano central del poder naval, supervisando tanto la construcción de nuevas flotas como la organización y financiación de armadas permanentes. Al mismo tiempo, estableció tribunales especializados en jurisdicción marítima que garantizaban la ejecución de las sanciones previstas por las leyes. Esta combinación de legislación, control judicial y poder naval configuró un marco institucional novedoso, que no solo operó en el Atlántico y el Caribe, sino que puede proyectarse como un modelo potencial de dominación en espacios alejados, como el Pacífico sur.
Estas disposiciones reflejaban una Inglaterra que transitaba desde un orden posfeudal hacia formas de capitalismo incipiente, en el cual la protección del comercio exterior era prioritaria. Cromwell actuó con pragmatismo: más que perseguir los ideales igualitarios de los niveladores, buscaba fortalecer a la Commonwealth como un Estado moderno, capaz de sostenerse gracias a un comercio controlado y protegido por una marina poderosa. En esa lógica, la posesión directa de territorios podía ser secundaria respecto de la capacidad de regular y monopolizar las rutas marítimas. Así, los proyectos ingleses sobre enclaves en América del Sur, aunque no prosperaron, se inscriben en una estrategia que anticipaba la proyección global británica del siglo XVIII, donde el dominio de los mares y la regulación del comercio eran inseparables de la construcción del poder estatal.
En el marco de estas tensiones, la corona española estableció regulaciones precisas sobre las arribadas inglesas a sus puertos. A pesar de la formalidad de la paz declarada en 1660 entre España e Inglaterra, la cual se apoyaba en la sucesión de acuerdos previos, desde el Tratado de Londres de 1604 hasta el Tratado de Madrid de 1630, las instrucciones a las autoridades coloniales españolas eran tajantes: garantizar que los puertos imperiales solo se abrieran a fines lícitos y prevenir la introducción de comercio inglés que pudiera menoscabar los intereses de la corona (ABC, 2017).
El Tratado de Londres, firmado el 28 de agosto de 1604 en Somerset House, había puesto fin a la prolongada Guerra anglo-española de 1585–1604, estableciendo condiciones que, si bien eran en apariencia favorables a España, implicaban compromisos significativos, como la renuncia española a intervenir en la sucesión inglesa y la obligación de Inglaterra de suspender su apoyo a los Países Bajos rebeldes. No obstante, los episodios posteriores, como la Guerra anglo-española de 1655–1660 durante el Protectorado de Cromwell, evidenciaron que la paz formal no bastaba para garantizar la estabilidad en los territorios ultramarinos, dado que las ambiciones comerciales inglesas y las debilidades económicas de la corona española generaban un conflicto constante en el Caribe y las rutas del tesoro de Indias (Fernández Duro).
Las consecuencias de la Guerra anglo-española de 1655–1660, aún tras la restauración de Carlos II y la firma de los tratados de paz de Madrid de 1667 y 1670, muestran la insuficiencia de los acuerdos europeos para regular los espacios ultramarinos. La toma de Jamaica por los ingleses y los ataques a flotas españolas en Cádiz y Tenerife demostraron que los tratados de Londres y Madrid eran interpretados de manera distinta por cada parte, especialmente en lo relativo al comercio en las Indias y la legitimidad de los actos de corsarios y bucaneros bajo patente de corso inglesa (Firth; Barrionuevo, 1654–1658; abc, 2017). Mientras que en Europa se consolidaba un marco legal de no agresión y comercio mutuo, en los territorios coloniales la implementación efectiva de las normas dependía de la autoridad y la iniciativa local, con la necesidad de responder a incursiones, proteger el tesoro y garantizar el monopolio, reflejando una tensión persistente entre la paz formal y los intereses estratégicos y económicos de las potencias involucradas (North & Thomas, 2016; Antúnez y Acevedo, 1797). En este contexto, la acción de los gobernadores como defensores activos de los tratados y de los derechos de la corona revela la complejidad de una política colonial que no podía reducirse a simples formalidades diplomáticas, sino que requería una vigilancia constante y medidas coercitivas frente a las ambiciones extranjeras.
III. La expedición de Narborough al sur de América
En el contexto de la política expansiva impulsada por Carlos II, la expedición de John Narborough a los mares australes de América representa un episodio significativo en la proyección temprana del poder naval británico hacia el Atlántico sur y el Pacífico. Narborough (Norfolk, 1640 – Chelsea, 1688), marino de carrera formado en las guerras anglo-neerlandesas y con participación destacada en la batalla de Solebay (1672), reunía tanto la experiencia técnica en navegación y cartografía como la comprensión estratégica de los objetivos imperiales de la monarquía restaurada. Incorporado a la Royal Navy en 1662 y promovido rápidamente por méritos en combate, fue seleccionado por el Almirantazgo para liderar una misión que, si bien tenía un propósito declarado de exploración científica y prospección comercial, respondía subyacente y explícitamente a una lógica estratégica orientada a la expansión mercantilista inglesa.
La expedición, financiada por la corona, zarpó del puerto de Deptford, Londres, el 26 de septiembre de 1669, con las naves Sweepstakes, al mando directo de Narborough y equipada con 36 cañones, y Bachelor Pink, bajo el capitán Fleming y provista con cuatro cañones. Ambas embarcaciones transportaban mercancías de bajo valor —cuchillos, espejos, tijeras, telas, hachas y clavos— destinadas a facilitar intercambios con pobladores indígenas y colonos, a modo de cobertura para fines estratégicos. Tras el cruce del Atlántico, la Bachelor perdió contacto con la nave capitana y retornó a Inglaterra el 23 de febrero de 1670, dejando a Narborough al mando exclusivo de la Sweepstakes para proseguir la exploración.
A pesar de la fachada científica y comercial, la misión perseguía objetivos estratégicos precisos: el reconocimiento detallado de la costa patagónica, el estrecho de Magallanes y las posiciones españolas en el sur de Chile, con el propósito de identificar puntos geopolíticos estratégicos que permitieran a Inglaterra consolidar su presencia en la región y asegurar un control indirecto sobre los flujos mercantiles hacia el Pacífico, anticipando posibles pretensiones de ocupación territorial en el futuro (Martinic & Moore, 1982). Esta expedición constituye, por lo tanto, un ejemplo temprano de cómo la diplomacia naval, la exploración científica y los intereses mercantiles se entrelazaban en la expansión imperial británica del siglo XVII.
Tras cinco meses de navegación, la expedición llegó a Puerto Deseado, en la actual provincia de Santa Cruz, el 24 de febrero de 1670. Narborough permaneció allí hasta septiembre, realizando trabajos hidrográficos y esperando sin éxito la llegada de la Bachelor Pink. El 25 de marzo de ese año efectuó un acto simbólico de posesión en nombre de Carlos II de Inglaterra: “Yo tomo posesión de este puerto y río Deseado y de todos los territorios de este lugar en ambas orillas en nombre de su Majestad Carlos II de Inglaterra y sus herederos. ¡Dios salve al Rey!” (Cananor, 2021). Este gesto unilateral y efímero evidencia la proyección inglesa sobre territorios nominalmente españoles pero escasamente controlados, reflejando la concepción europea de los espacios no ocupados como susceptibles de apropiación. Durante su estancia, Narborough realizó observaciones sistemáticas sobre geografía, recursos naturales y habitantes locales, describiendo a los indígenas como de estatura mediana, de color leonado, adornados con conchas y pinturas de grasa y tierra roja, sin estructuras de poder centralizadas (Martinic & Moore, 1982). Estas notas constituyen uno de los primeros registros europeos sobre la población austral de la Patagonia.
Posteriormente, la expedición avanzó hacia el sur, penetrando en el estrecho de Magallanes el 22 de octubre de 1670, donde Narborough documentó la hidrografía, el clima, la fauna y la flora, así como la disposición estratégica de accidentes geográficos. La expedición recaló en la boca oriental del estrecho de Magallanes, reconoció parcialmente su trayecto y alcanzó el Pacífico el 26 de noviembre. Las bitácoras y mapas generados cumplían un doble propósito: científico y exploratorio, y también militar y político, al constituir insumos para futuras pretensiones de control inglés sobre rutas marítimas y territorios estratégicos del extremo sur del continente (Urbina Carrasco, 2014). Tras la tentativa de reunirse con la Bachelor en Puerto San Julián, Narborough retornó a Puerto Deseado para aprovisionarse, consolidando temporalmente la presencia inglesa y dejando constancia en actas y mapas, en línea con la mentalidad expansionista que consideraba territorios sin control efectivo como susceptibles de ocupación (Martinic & Moore, 1982).
Estas acciones provocaron un refuerzo de la vigilancia española en la región austral. La amenaza de incursiones inglesas había motivado previamente la fortificación de Valdivia y Chiloé, en línea con lo señalado por Guarda (1990), quien sostiene que las expediciones de Narborough y otros planes de ataque dinámizaron la consolidación de la presencia española en el sur. La combinación de expediciones inglesas y holandesas evidenció la fragilidad del control español más allá de los centros urbanos fortificados y subrayó la necesidad de mantener presencia efectiva en puntos estratégicos como isla Mocha y Valdivia.
Simultáneamente, la corte hispánica y las autoridades coloniales mantuvieron una vigilancia constante sobre las incursiones extranjeras. La corona instruyó a virreyes y gobernadores de las Indias a reportar cualquier presencia foránea y permitir arribadas únicamente para fines lícitos, asegurando que los comerciantes ingleses no introdujeran mercancías prohibidas. Esta política, respaldada por los mencionados tratados de paz con Inglaterra de 1604 y 1630, implicaba un delicado equilibrio entre diplomacia y defensa militar (Urbina Carrasco, 2017). En Valdivia, se reforzaron los fuertes y se mantuvieron guarniciones listas para intervenir ante intentos de ocupación o saqueo, y la vigilancia se extendió al litoral patagónico para registrar topografía, recursos y distribución de poblaciones indígenas (Guarda, 1990).
El control riguroso se inserta en la concepción borbónica del absolutismo colonial, que combinaba administración centralizada con la presencia de funcionarios peninsulares. Los Borbones buscaron reemplazar gradualmente las estructuras heredadas de los Austrias, imponiendo un régimen uniforme que reforzará la autoridad real, aunque debieron coexistir con la influencia de la neoescolástica y los jesuitas, cuyo arraigo cultural y educativo otorgaba autonomía local (Montero, 1915; Sierra, 1950; Dell’Oro Maini, 1959). La implementación del absolutismo en América fue, por ello, progresiva y condicionada por la realidad colonial, debiendo equilibrar defensa militar, regulación comercial y lealtades locales.
Estas operaciones se inscriben en un patrón histórico de intervenciones extranjeras en la región austral. Antes de Narborough, exploradores ingleses y holandeses, como Hendrik Brouwer, Joris van Spilbergen y Simón de Cordes, habían explorado la zona con fines similares, evidenciando la vulnerabilidad de la Patagonia y motivando la colonización y fortificación de puntos estratégicos como isla Mocha, Valdivia y el estrecho de Magallanes (Vázquez de Acuña, 1992). La colonización española en la Patagonia enfrentó dificultades desde el siglo XVI debido al aislamiento, la resistencia indígena y la escasez de recursos. La refundación de Valdivia en 1645 tras la expulsión temporal por los mapuche-huilliche ejemplifica la fragilidad de estos asentamientos y la necesidad de vigilancia constante (Guarda, 2001).
La expedición de Narborough tuvo relevancia más allá de su objetivo mercantil inmediato. La observación sistemática de paisajes, ríos y habitantes locales permitió a Inglaterra generar información estratégica sobre la región austral, útil para operaciones futuras de ocupación o comercio. La descripción de los indígenas —su apariencia, vestimenta, armas y organización social— refleja un interés tanto antropológico como militar, al evaluar capacidades de resistencia y relaciones internas para proyectar cualquier acción de dominio (Martinic & Moore, 1982).
La dinámica entre la colonización española y la presión inglesa conforma un marco complejo de interacción en la Patagonia. Mientras los españoles buscaban consolidar su dominio mediante fundaciones, fortificaciones y alianzas locales, los ingleses evaluaban sistemáticamente vulnerabilidades y oportunidades de expansión. Lugares como el estrecho de Magallanes, los golfos San Jorge y San Julián y la isla Mocha se convirtieron en nodos estratégicos. La expedición de Narborough, aunque limitada en duración y recursos, representa un gesto explícito de apropiación territorial y un ejercicio de influencia inglesa en un área aún débilmente controlada por España (Cananor, 2021).
IV. Resultados de la expedición de Narborough en la Patagonia
El primer tramo de expedición de John Narborough a la Patagonia y al estrecho de Magallanes en 1670 se constituyó en un esfuerzo sistemático de reconocimiento hidrográfico, cartográfico y etnográfico que combinaba objetivos científicos con fines estratégicos de la corona inglesa[3]. En su estancia en Puerto Deseado, Narborough realizó observaciones detalladas de la geografía local, incluyendo islas cercanas, bahías resguardadas y la posición de ríos que podían servir como puntos de reabastecimiento. Estas mediciones, que incluían profundidades, corrientes y orientación de costas, cumplían un doble propósito: permitían establecer rutas seguras y posibles emplazamientos para futuros asentamientos, y proporcionaban información estratégica sobre el control del tráfico marítimo hacia el Pacífico sur (Urbina Carrasco, 2014). La información cartográfica generada constituía un activo de alto valor para la corona inglesa, al ofrecer un conocimiento práctico de la región austral que integraba exploración científica y planificación militar.
Narborough también registró de manera minuciosa el contacto con los pueblos indígenas locales. Observó la vestimenta, armas, ornamentos y hábitos de los grupos, señalando la ausencia de una autoridad centralizada y la autonomía de los individuos: “Los indígenas de esta tierra según me parecieron: algunos tienen ropa suelta de pieles de animales, otros desnudos. Sus armas son arcos y flechas. Tienen una estatura mediana, no más que un inglés típico; Tienen un color leonado como los indígenas de Nueva Inglaterra y se pintan completamente con grasa y tierra roja: no obedecen a ningún jefe y parece que cada uno hace lo que quiere hasta donde pude apreciarlo. Como adornos esta gente tiene pequeñas conchas brillantes que las mujeres llevan como gargantillas, también algunas pulseras y conchas de moluscos. Vi varios hombres mujeres y niños, pero no pude percibir nada de valor entre ellos” (Martinic & Moore, 1982, p. 143). Esta documentación reflejaba no solo un interés etnográfico incipiente, sino también una evaluación estratégica de la población, considerando su potencial como aliada o impedimento frente a posibles intentos de establecimiento inglés.
Paralelamente, las autoridades españolas en la región respondieron con vigilancia y refuerzo de su presencia territorial. Valdivia y Chiloé se consolidaron como centros de control, y se promovieron exploraciones adicionales hacia el sur para monitorear incursiones extranjeras, reflejando una lógica imperial que buscaba alimentar al centro de decisiones en Madrid con información precisa sobre la periferia (Guarda, 2001). Las disposiciones españolas sobre la llegada de naves extranjeras eran estrictas; la cesación de armas con Inglaterra en 1660 no implicaba libertad irrestricta para comerciar, y la introducción de bienes ingleses quedaba sujeta a la autorización de las autoridades coloniales. En este marco, el gobernador de Valdivia limitó la libertad de movimiento de Narborough, obligando a colocar la nave bajo el alcance de los cañones antes de proveer suministros, demostrando la aplicación del derecho colonial como instrumento de control frente a potencias extranjeras (Urbina Carrasco, 2017).
La expedición de Narborough también se inscribe en un contexto de proyectos previos de colonización e incursiones inglesas en la región austral. Planes de Simón de Cáceres y Carlos Henríquez, a mediados del siglo XVII, habían propuesto la ocupación de Valdivia y las islas Mocha y Santa María con fines mercantiles y estratégicos, estableciendo un antecedente de interés inglés que Narborough concretó parcialmente mediante la exploración del estrecho de Magallanes y la toma simbólica de Puerto Deseado (Böhm, 1980). Desde la perspectiva española, estas acciones evidenciaban la vulnerabilidad territorial y motivaban nuevas estrategias de colonización, fortalecimiento de fortificaciones, incremento de la cartografía de ríos y golfos, y establecimiento de alianzas con comunidades indígenas (Guarda, 1990).
La travesía hacia el estrecho de Magallanes reveló la complejidad de la navegación en la región. Narborough documentó los vientos, corrientes, accidentes geográficos y la disposición estratégica de bahías y pasos, registrando información crucial tanto para fines científicos como para la futura proyección militar y comercial inglesa (Narborough, 1694; Urbina Carrasco, 2017). La descripción de “the Streights of Magellan, the South Seas, the vaſt Tracts of Land beyond Hollandia Nova, &c.” (“el Estrecho de Magallanes, los Mares del Sur, los vastos tramos de tierra más allá de Holanda Nova, etc.”) evidencia la magnitud de la empresa y la importancia de la información recopilada (Narborough, 1694).
Las observaciones etnográficas incluyeron la caracterización de los habitantes locales, como los tehuelches, detallando su indumentaria, herramientas y adaptaciones al medio: “Skins of Penguins, Seals, and other Animals peculiar to the Climate” (“Pieles de pingüinos, focas y otros animales propios del clima”), ilustrando la integración de estos grupos con su entorno natural (Narborough, 1694). Estos registros permitieron evaluar tanto su capacidad de resistencia frente a incursiones extranjeras como su potencial para establecer relaciones comerciales o alianzas estratégicas.
En suma, la expedición de Narborough combina reconocimiento hidrográfico, contacto cultural y toma simbólica de territorios, representando un ejercicio temprano de expansión inglesa en el sur de América. Al mismo tiempo, sus actividades impulsaron a España a consolidar la presencia en la Patagonia mediante fortificaciones, guarniciones y regulaciones estrictas sobre arribadas extranjeras, reflejando la interacción entre exploración científica, proyección estratégica y conflicto potencial entre imperios. Las bitácoras y diarios de Narborough se erigen así como fuentes primarias fundamentales para reconstruir la percepción europea de la región, ofreciendo un testimonio detallado de la geografía, los pueblos indígenas y los desafíos de la navegación en el Atlántico sur durante el siglo XVII (Cananor, 2021; Martinic & Moore, 1982; Narborough, 1694; Urbina Carrasco, 2017).
V. Narborough en la costa chilena: exploración y reacción española
En diciembre de 1670, la expedición de John Narborough continuó su recorrido por la costa chilena, explorando inicialmente Chiloé y la isla Guamblín antes de dirigirse hacia Valdivia, plaza estratégicamente fortificada por los españoles desde mediados del siglo XVII. El 15 de diciembre, Narborough arribó a la bahía de Corral e intentó negociar el abastecimiento de su nave. La respuesta española fue inmediata: dos oficiales y dos marineros ingleses fueron apresados y se exigió que la nave fondeara bajo las baterías del fuerte. Consciente de su inferioridad militar frente a las defensas locales, Narborough optó por retirarse hacia Inglaterra, donde arribó en junio de 1671.
Tras el regreso de Narborough, las autoridades españolas recibieron informes detallados sobre la expedición y sus actividades en Puerto Deseado, el golfo de San Jorge y el estrecho de Magallanes. Las crónicas inglesas documentaban con precisión la navegación de la costa, la topografía de bahías, ríos y golfos, así como la composición y hábitos de los pueblos indígenas (Martinic & Moore, 1982). Este conocimiento generó preocupación tanto en el virreinato del Perú como en la gobernación de Chile, donde se temía que tales exploraciones pudieran preceder a intentos de establecimiento permanente inglés.
La reacción española consistió en reforzar la vigilancia y la cartografía, así como en impulsar proyectos de ocupación y fortificación. Valdivia, ya objeto de fortificación tras la ocupación fallida de Hendrik Brouwer en 1643 y la refundación española en 1645, fue fortalecida nuevamente (Guarda, 1990). Paralelamente, se promovió la exploración sistemática de puntos costeros aislados, como los golfos de San Jorge y San Julián, y se registraron minuciosamente cursos de ríos y bahías susceptibles de ser utilizados por fuerzas extranjeras. Mapas y croquis, derivados de información de marinos locales y exploradores, se integraron a los informes enviados a Madrid, permitiendo a la Corte evaluar riesgos y proyectar acciones defensivas.
En paralelo, se intensificaron los intentos de colonización española en la Patagonia como respuesta a la amenaza externa. Los proyectos buscaban asegurar el control territorial y generar asentamientos permanentes que funcionaran como puntos de vigilancia y abastecimiento. La colonización incluía la instalación de guarniciones militares, el fomento de poblaciones mixtas y la organización de expediciones de reconocimiento hacia el sur, hasta las inmediaciones del estrecho de Magallanes. La corona española regulaba estrictamente la llegada de extranjeros, prohibiendo la introducción de comercio ilícito y estableciendo procedimientos para recibir visitantes en puertos controlados, como Chiloé y Valdivia, con el fin de impedir que ingleses u otras potencias obtuvieran ventaja estratégica (Urbina Carrasco, 2014).
Asimismo, se mantuvo un sistema de alerta temprana mediante correspondencia constante entre autoridades locales y el virrey del Perú. Las cédulas y avisos llegados desde Londres, o transmitidos por comerciantes y exploradores, se comparaban con informes de navegantes y pobladores. Esta circulación de información permitió a España anticipar amenazas y evaluar la vulnerabilidad de la región austral, especialmente en territorios prácticamente deshabitados y sin control efectivo de la corona, como el área comprendida entre el río Bío Bío y el confín del continente (León Solís, 2001).
La geopolítica regional situaba a Inglaterra como potencia emergente, tras asegurar Jamaica y consolidar su presencia en el Caribe, proyectando su influencia hacia el sur con la intención de establecer enclaves que permitieran intervenir en el comercio del Pacífico y controlar rutas estratégicas de navegación. Por su parte, España se apoyaba en fortalezas, guarniciones y alianzas parciales con grupos indígenas para consolidar la presencia territorial y mantener la integridad de su imperio. El estrecho de Magallanes, por su valor estratégico como acceso al Pacífico, se convirtió en eje de esta confrontación indirecta (Böhm, 1980).
La expedición de Narborough y sus observaciones sobre Puerto Deseado, el golfo San Jorge y el estrecho de Magallanes, demostró la continuidad del interés inglés en ocupar y comerciar en territorios considerados periféricos por España. La respuesta española no se limitó a la vigilancia militar inmediata, sino que incluyó la promoción de exploraciones sistemáticas, la construcción de mapas precisos y la preparación de futuras colonias, consolidando la soberanía en la Patagonia mediante un entramado de poder militar, administrativo y geográfico (Guarda, 2001).
El impacto de estas acciones se proyectó a lo largo del siglo XVII y XVIII. La documentación acumulada en archivos de Santiago y Sevilla refleja la persistente preocupación española por la presencia extranjera y la necesidad de mantener una cartografía actualizada y confiable. Además, la interacción con los pueblos indígenas, observados tanto por Narborough como por exploradores españoles, proporcionó información crucial sobre su capacidad de resistencia y posibilidades de cooperación, aspectos fundamentales para cualquier proyecto de colonización o defensa (Martinic, 1977).
En conclusión, la incursión de John Narborough a la costa chilena y su intento de acceder a Valdivia no solo constituyeron actos simbólicos de ocupación inglesa, sino que evidenciaron la vulnerabilidad de la región austral y estimularon la consolidación de la presencia española mediante exploración, cartografía, fortificación y regulación estricta de arribadas extranjeras. La interacción entre intereses ingleses y españoles, la documentación etnográfica y geográfica, y la proyección de poder en territorios aislados reflejan la compleja dinámica de soberanía, comercio y control en la Patagonia del siglo XVII (Cananor, 2021).
VI. Conclusiones
Entre 1672 y 1680, las autoridades españolas organizaron expediciones sistemáticas hacia el Golfo San Jorge, Puerto Deseado, Puerto San Julián y sus alrededores, con el objetivo de establecer puestos de observación y abastecimiento temporal. Durante estas incursiones se documentaron detalladamente las características geográficas, la hidrografía, el clima, los recursos naturales y la fauna, así como la presencia de grupos indígenas. Se observó que, aunque dispersos y sin organización política centralizada, los pueblos locales podían convertirse en aliados o, al menos, en informantes sobre la presencia de extranjeros, lo que proporcionaba un conocimiento estratégico valioso para la administración colonial (León Solís, 2001). Los registros etnográficos, similares a los realizados por Narborough, detallaban armas, vestimenta, adornos y costumbres, permitiendo evaluar la capacidad de cooperación o resistencia de los indígenas frente a incursiones extranjeras.
El establecimiento de colonias permanentes fue limitado debido a las condiciones climáticas extremas, la baja densidad poblacional y la distancia de los centros de poder. No obstante, se impulsaron proyectos para consolidar la soberanía mediante la creación de rancherías y pequeños asentamientos militares y religiosos en puntos estratégicos, regulando estrictamente la llegada de extranjeros y la circulación de mercancías para evitar la introducción de comercio no autorizado o la formación de enclaves de facto (Urbina Carrasco, 2014). La vigilancia y control administrativo se apoyaban en la correspondencia constante entre gobernadores locales, el virrey del Perú y la Corte en Madrid, donde cada alerta sobre posibles intrusos era registrada y evaluada.
Durante este período, la cartografía adquirió un valor estratégico excepcional. Mapas derivados de exploraciones locales y de información obtenida de navegantes extranjeros permitieron a la Corona identificar rutas navegables, bahías protegidas, fuentes de recursos y posibles puntos de defensa. Esta información servía tanto para anticipar movimientos enemigos como para planificar futuras ocupaciones y establecer rutas comerciales seguras para las naves españolas. La documentación generada se sistematizó en archivos de Santiago y Sevilla, constituyendo una base de conocimiento para la acción colonial en la Patagonia y en el estrecho de Magallanes (Martinic, 1977).
A pesar de la paz formal con Inglaterra desde 1660, los informes españoles reflejaban una sospecha constante sobre operaciones encubiertas inglesas y holandesas. Los antecedentes de incursiones de Drake, Cavendish, Hawkins y Brouwer reforzaban la percepción de amenaza. Por ello, cualquier actividad de exploración o comercio de extranjeros era cuidadosamente monitoreada y los desembarcos sin autorización considerados ilegales y sujetos a represión (Böhm, 1980). Esta dinámica generó un estado de vigilancia permanente en la región austral, donde la soberanía debía ejercerse no solo mediante ocupación efectiva, sino también mediante la prevención y el control de información estratégica.
Los asentamientos españoles en la Patagonia cumplieron además funciones logísticas para futuras exploraciones y la defensa frente a incursiones extranjeras. La combinación de guarniciones militares, puntos de reabastecimiento y vigilancia costera permitió a España mantener una presencia activa, aunque limitada, en territorios inhóspitos y alejados de los centros de poder. La integración de información geográfica, etnográfica y estratégica en la toma de decisiones reflejaba un enfoque sistemático de la soberanía que combinaba ciencia, administración y proyección militar (Guarda, 2001).
A partir de la década de 1680, la Corona intensificó la exploración sistemática de ríos y costas del sur patagónico, especialmente aquellos que podían servir como vías de acceso a recursos naturales y puntos de aprovisionamiento para naves que circunnavegaran el continente. Estas expediciones estaban bajo la supervisión de los gobernadores de Chiloé y Valdivia, siguiendo instrucciones del virrey del Perú y de la Corte en Madrid (Martinic, 1992). Se buscaba mapear cursos fluviales, identificar bahías seguras y catalogar flora, fauna y condiciones climáticas, en función de una estrategia de ocupación que combinara presencia militar y comercio legal.
Entre 1682 y 1690 se organizaron exploraciones hacia la desembocadura de ríos como el Deseado, el San Julián y el Santa Cruz, así como hacia bahías del golfo San Jorge y de la región del Cabo Blanco. La bitácora de estas expediciones refleja un interés particular por la hidrografía y los recursos pesqueros, así como por la presencia de grupos indígenas, quienes, aunque dispersos, demostraban habilidades en pesca y caza, y cuya falta de jefaturas centralizadas facilitaba su control relativo mediante alianzas o intercambios limitados (León Solís, 2001).
La cartografía producida tuvo un doble carácter: científico y estratégico. Mapas realizados por exploradores como Francisco de Eliza detallaban profundidades de bahías, cursos de ríos navegables y características costeras útiles como fondeaderos o puntos de desembarco, fundamentales para proyectar comunicación y abastecimiento entre asentamientos españoles y anticipar incursiones extranjeras, principalmente inglesas y holandesas (Vázquez de Acuña, 1992). Las regulaciones españolas buscaban asegurar que toda actividad en la región se ajustara a la soberanía de la Corona, prohibiendo asentamientos y comercio no autorizados bajo la Real Cédula del 13 de septiembre de 1660 (Urbina Carrasco, 2014).
La exploración de la costa atlántica y del estrecho de Magallanes se intensificó ante la continua evaluación inglesa de posibilidades de ocupación o comercio. Narborough había dejado un precedente en 1670 al tomar posesión simbólica de Puerto Deseado, y la información obtenida por su expedición circuló entre autoridades españolas y mapas, alertando sobre posibles rutas de penetración. La respuesta española combinó expediciones científicas con patrullajes y vigilancia militar, reforzando Valdivia y Chiloé como centros de control y proyección en la región (Guarda, 1990).
Entre 1690 y 1700, la sistematización de exploraciones permitió identificar puntos estratégicos para futuras comunicaciones marítimas y terrestres. Ríos como el San Julián, Deseado y Santa Cruz se convirtieron en ejes de navegación interna, mientras bahías protegidas como Puerto Deseado sirvieron como puntos de reabastecimiento temporal. La combinación de exploración científica, cartografía precisa, control militar y regulación estricta del comercio consolidó la soberanía española en territorios australes marginales pero estratégicamente relevantes (Cananor, 2021).
La documentación acumulada durante estas décadas refleja la preocupación constante por la presencia extranjera, tanto inglesa como holandesa o francesa, percibida como amenaza directa en comercio y control de rutas hacia el Pacífico. La información permitió anticipar movimientos, planificar fortalezas y evaluar alianzas posibles con grupos indígenas, demostrando la sofisticación del imperio español en la gestión de su periferia, donde la soberanía se ejercía mediante ocupación física, vigilancia, regulación y control de información estratégica (Böhm, 1980).
Aunque la misión de Narborough no logró establecer enclaves ni alianzas comerciales duraderas, su expedición tuvo relevancia histórica. La cartografía elaborada por Narborough se utilizó durante casi dos siglos para la navegación de las costas patagónicas y magallánicas, sirviendo como instrumento de conocimiento estratégico para futuras expediciones británicas. Su viaje puso además en alerta a las autoridades españolas, que multiplicaron exploraciones y patrullajes sin encontrar asentamientos ingleses, pero conscientes de que el Atlántico sur había entrado en la órbita de las potencias rivales.
Posteriormente a la expedición que se abordó, Narborough continuó su carrera en la Marina Real, participando en la tercera guerra anglo-neerlandesa y en operaciones contra piratas en Trípoli y Argel, consolidando su prestigio como comandante y diplomático naval. Falleció en Chelsea en 1688, dejando un legado como explorador de los mares australes y precursor de la proyección británica sobre Patagonia y Chile, cuyo episodio de 1669-1671 prefiguró la tensión anglo-española en el Cono Sur y anticipó ambiciones globales que Inglaterra desplegaría con mayor intensidad en los siglos posteriores.
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[1] En la tradición anglosajona la calificación como res nullius permitió adquirir soberanía y dominio por ocupación, descalificando a los pueblos indígenas como sujetos jurídicos plenos y reduciéndolos a una ocupación de hecho sin título oponible. En cambio, la concepción hispánica negó formalmente la res nullius en tierras habitadas: el derecho indiano reconoció a los indígenas como personas jurídicas y titulares originarios de dominio y jurisdicción, incorporando el territorio cum populis a la Corona, aunque bajo un régimen colonial jerárquico. Así, mientras el modelo anglosajon construyó la apropiación mediante la negación de la juridicidad indígena, el hispánico la articuló mediante su reconocimiento.
[2] Para Oliver Cromwell, la Commonwealth fue una comunidad política republicana legitimada por la soberanía parlamentaria y la providencia divina, destinada a sustituir la monarquía corrupta por un orden fundado en el bien común, la moral protestante y la misión histórica de la nación inglesa. No se trató de un republicanismo neutral, sino de una forma de soberanía activa, que combinó gobierno civil y poder militar, orientada a garantizar la libertad de conciencia protestante y a proyectar el poder inglés en el plano marítimo e imperial
[3] Cabe poner de relieve que tras la experiencia republicana de Cromwell, la monarquía inglesa se rearticuló en el poder mediante una restauración condicionada por los principios de la Revolución, que transformó irreversiblemente la naturaleza del gobierno. La Restauración de 1660 restituyó a los Estuardo, pero ya no sobre bases absolutas, sino bajo la supremacía del Parlamento; este proceso se consolidó definitivamente con la Revolución Gloriosa de 1688, que estableció una monarquía limitada, contractual y legal. A partir del Bill of Rights de 1689, la Corona quedó subordinada a la ley, al consentimiento parlamentario y a la garantía de libertades fundamentales, cristalizando una soberanía compartida que incorporó los logros políticos de la revolución sin suprimir la institución monárquica. Así, la monarquía inglesa sobrevivió no por restauración del absolutismo, sino por su constitucionalización, conforme a una concepción del poder fundada en el pacto, el control institucional y la primacía del Parlamento (Kishlansky, 1996; Pocock, 1987).
- Imagen: Mapa del estrecho de Magallanes elaborado por John Narborough tras su viaje: Map of the Streights of Magellan Drawn by Sr. John Narborough 1694 – https://storage.googleapis.com/raremaps/img/xlarge/50399.jpg https://www.raremaps.com/gallery/detail/50399/to-the-honble-sam-pepys-esqr-this-mapp-of-the-streights-o-narborough
